El empresario Luis Lleó, cuyo presunto intento de soborno para desbloquear la construcción del proyecto urbanístico de Costa Roja dio origen la Operación Unión, pudo incurrir también en distintas irregularidades e incluso "ilícitos penales" relacionados con la evasión de impuestos. Así lo sostiene la UCO en uno de sus últimos informes, fechado el pasado 18 de enero, en el que señala que al menos seis personas trabajaban asesorando fiscalmente a Lleó. Y entre ellas, se encuentran dos magistrados, que en esas fechas formaban parte del Tribunal Constitucional como letrados y que, según la UCO, podrían haber incurrido en incompatibilidad.
Uno de ellos, Ángel Aguallo Avilés, fue uno de los "autores intelectuales" de un dictamen en el que recomendaban a Lleó los pasos a seguir para que una de sus sociedades, Residencial Costa Roja, tributara como sociedad patrimonial, obteniendo una tributación muy inferior a la que se realiza en el régimen general de sociedades, pese a que no cumplía los requisitos para ello. El otro autor de ese informe, que es quien lo firma, es un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, que trabaja como inspector de Tributos.
En ese dictamen, proponían a Lleó la disolución de la sociedad Residencial Costa Roja y la entrada de otras personas como accionistas. Esto último se hizo con la compra de participaciones por parte de dos personas, aunque la UCO subraya que pudo tratarse de una operación ficticia, "realizada exclusivamente de manera documental".
"Negocio simulado"
Quien se encargó de ejecutar todos los pasos detallados en el informe fue otro de los asesores de Lleó, Jerónimo Campón Montero, economista con despacho en Arrecife, que incluso formaba parte del Consejo de Administración de la mercantil Costa Roja. En uno de los correos electrónicos interceptados por la UCO, Campón le explicaba a Lleó que una de las dos personas que iba a comprar participaciones en la sociedad no tenía realmente capital para ello y que estaba "trabajando la fórmula para dotarlos (al menos documentalmente) de alguna renta importante en enero y febrero de 2007 para que, después, en la compra de sus participaciones no exista un posible negocio simulado".
En otro correo electrónico, uno de los asesores reconoce que con otra operación que van a emprender para evitar el pago de impuestos, "se estaría defendiendo una solución muy forzada, con riesgo de ser sancionados en caso de inspección o comprobación administrativa".
"El propio Jerónimo Campón considera que algunas de las operaciones realizadas en Residencial Costa Roja pudieran ser consideradas por la Agencia Tributaria como fraude de ley", sostiene la UCO.
Pagos a través de terceros
El informe de la UCO señala que tanto el juez Ángel Aguallo Avilés como Ignacio Javier Sánchez Yllera, que asesoró a Lleó en "diversos asuntos jurídicos", pudieron incurrir en "algún tipo de incompatibilidad", ya que eran letrados-magistrados del Tribunal Constitucional. Al respecto, señala que la ley impide que los miembros de este órgano compatibilicen ese cargo con "cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento".
Sin embargo, a la luz de la documentación incautada en los registros durante la Operación Unión, la UCO sostiene que realizaron ese asesoramiento a Lleó y cobraron por ello. Además, según el informe policial, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran "reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento".
La UCO también señala que "no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades desde el punto de vista fiscal realizadas por Residencia Costa Roja, a la vista de las recomendaciones expuestas por Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguado Avilés", magistrado y funcionario de Tributos en Sevilla, respectivamente, que fueron los "autores intelectuales del informe".
Las otras dos personas que señala la UCO dentro de ese asesoramiento a Lleó son Manuel Matamoros Hernández, abogado con despacho en Madrid, que se encargaba del "asesoramiento jurídico general" a Luis Lleó, y la abogada María José García Vizcaino, a la que señala como pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera.
Según el informe policial, todos ellos "se encuentran vinculados a través de los diferentes documentos intervenidos". En esos documentos, "se aprecia el envío de facturas a la abogada María José García Vizcaino de los pagos realizados por prestación de servicios relacionados por Residencial Costa Roja a Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguayo Avilés y el envío a través de Ignacio Sánchez Yllera de documentos y consultas realizadas por los redactores del dictamen fiscal de residencial Costa Roja".
Un juez con polémica
Uno de los jueces señalados en el informe de la UCO, Ignacio Sánchez Yllera, saltó a los medios de comunicación a principios de los 90. En aquella época, el magistrado era juez de vigilancia penitenciaria en Valladolid y decidió dejar en libertad a un preso, Juan Manuel Valentín, pese a que había informes contrarios. Poco después, el ex presidiario violó y asesinó a una niña de nueve años, Olga Sangrador.
El caso levantó una enorme polémica en toda España, ya que Juan Manuel Valentín acumulaba varias condenas por delitos similares. En su momento, el juez declaró estar "absolutamente destrozado" por lo sucedido, aunque no por la decisión que adoptó, que insistió en que fue muy "meditada", sino por el drama humano que había desencadenado.
Pese a lo sucedido, el juez fue nombrado poco después técnico del Consejo General del Poder Judicial, y posteriormente fue jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de María Teresa Fernández de la Vega y letrado del Tribunal Constitucional, con destino en la Adiencia Provincial de Madrid.
En cuanto al otro magistrado que asesoró a Lleó, Ángel Aguallo Avilés, pertenece al Tribunal Supremo, en la sala de lo contencioso administrativo, y ha sido letrado del Constitucional y catedrático de derecho financiero de Córdoba.
