Los promotores del Puerto Deportivo Marina Rubicón (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas) dieron una "dádiva" valorada en más de 60.000 euros al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, directamente relacionada con "el otorgamiento de varias licencias concedidas con anterioridad" a estos empresarios, "a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística". Así lo sostiene la Fiscalía en el escrito de acusación del caso "Yate", en el que entre otras cosas, imputa a Reyes un delito continuado de cohecho pasivo, por recibir regalos a cambio de sus gestiones ilegales como alcalde en favor de distintos empresarios.
En el caso de Marina Rubicón, la dádiva consistió en dejarle un atraque gratis para la embarcación "El Pachi", por el que hubiera tenido que pagar unos 600 euros mensuales (durante los más de ocho años que lleva en esas instalaciones). En su escrito, el fiscal relaciona directamente este "regalo" con la concesión de la licencia del propio puerto deportivo, otorgada en marzo de 2003, pero también con las licencias ilegales del hotel Princesa Yaiza y del Son Bou, ambos de Juan Francisco Rosa, y por la licencia concedida a Francisco Armas para el hotel Meliá Volcán.
Armas obtuvo licencia para ese hotel dos semanas después de pedirla, mientras que Rosa sólo tardó tres días en conseguir la del Princesa Yaiza (la solicitó el viernes 29 de mayo de 1998 y el lunes siguiente, día 1 de junio, ya se la habían otorgado). En el caso de los tres hoteles, las licencias han sido declaradas ilegales con sentencia firme, mientras que el puerto podría correr ahora la misma suerte, ya que la Fiscalía ha pedido dentro de esta causa que se anule la licencia, al entender que también es ilegal. En su día, ese permiso fue solicitado por Rafael Lasso, cuando las obras en realidad ya llevaban dos años y medio y estaban prácticamente terminadas, y se concedió sólo seis días después.
Por el atraque gratis y otras "dádivas" recibidas por el ex alcalde, la Fiscalía acusa a Reyes de un delito continuado de cohecho pasivo y le pide dos años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y una multa de casi 6.500 euros. Sin embargo, no formula acusación contra los empresarios, ya que el Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos no contempla penas para el que da la dádiva, siempre que ésta se entregue después de que el funcionario o cargo público haya realizado el acto para favorecerles.
Es decir, que cuando se trata de una "recompensa" a posteriori, la legislación aplicable sólo contempla penas para el que la recibe, pero no para el que la entrega. Y en este caso, Reyes disfrutó de esta dádiva después de otorgar las licencias ilegales a los promotores del puerto.
Reyes se "enriqueció por muchas de las licencias que otorgaba"
Además de este caso, la Fiscalía sostiene que Reyes recibió muchos otros sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales. Y no sólo en forma de regalos, sino también en efectivo. De hecho, mantiene que de ahí procede el patrimonio de origen desconocido que la investigación encontró al ex alcalde, y que asciende a "la cantidad mínima de 1.239.343 euros".
En el escrito de acusación, firmado por Javier Ródenas e Ignacio Stampa, la Fiscalía afirma que el ex alcalde hizo "de su cargo público una manera de hacer negocio, enriqueciéndose por muchas de las licencias que otorgaba, al recaudar dinero de algunos promotores con intereses urbanísticos en Yaiza para su lucro personal".
Sin embargo, y aunque tiene claro que Reyes consiguió "amasar un importante patrimonio" gracias al dinero que recibió de "empresarios y promotores adjudicatarios de las licencias ilegales", también señala que esas personas no están "perfectamente identificadas", por lo que no se ha podido formular acusación contra ellas.
Cabe recordar que tras su detención en el marco de esta causa, Reyes llegó a confesar haber cobrado sobornos e incluso dio varios nombres, aunque después se retractó de su declaración. Además, varios empresarios llegaron a estar imputados, pero finalmente se archivaron las actuaciones contra ellos.
José Francisco Reyes sí está acusado de un presunto delito continuado de cohecho (además del de cohecho pasivo y de otros como prevaricación urbanística, blanqueo de capitales y malversación), ya que la Fiscalía está convencida de que el patrimonio que amasó el ex alcalde procede de sobornos. Sin embargo, ha sido imposible determinar cuándo se pagaron y por qué actos concretos. Y eso obedece, precisamente, al gran volumen de actos ilícitos realizados por el ex alcalde: desde la concesión de licencias ilegales, hasta la agilización de expedientes o incluso meras "omisiones", como "no sancionar obras ilegales o no restablecer la legalidad urbanística".
Los únicos delitos de cohecho que identifica la Fiscalía con su autor, en forma de presuntas dádivas, se entregaron a posteriori como supuesta "recompensa", por lo que en virtud del Código Penal que hay que aplicar, tampoco se puede acusar a los empresarios.
Una supuesta actividad casi "inexistente"
En su declaración en los Juzgados, los responsables de Marina Rubicón aseguraron que si no cobraban el atraque a Reyes era porque el barco desarrollaba una actividad empresarial y pagaba por la carga y descarga de pasajeros. Sin embargo, el fiscal tiene claro que en realidad era una dádiva, como presunta recompensa por las licencias ilegales.
"Analizada la documentación aportada por el propio Puerto Marina Rubicón, se acredita que desde el 18/04/2005 en que se autoriza por primera vez el embarque y desembarque de pasajeros, hasta el 30 de septiembre de 2009 en que se acuerda el precinto judicial de dicha embarcación en el marco de este procedimiento, no se desarrolla actividad que justifique dicha liberalidad, por cuanto el importe total cobrado por la sociedad explotadora del puerto en concepto de pasajeros que embarcan y desembarcan de dicha embarcación asciende a la cantidad de 396,56 euros en esos cuatro años", señala el fiscal.
Es decir, que lo que pagó El Pachi en cuatro años a Marina Rubicón por este concepto no llega a cubrir ni los gastos de un mes de atraque. Además, el fiscal agrega que "durante los dos primeros años de atraque de la embarcación en la marina (del verano de 2004 a julio de 2006), así como durante el año 2008", la actividad de la supuesta empresa "es nula y totalmente inexistente".
Por eso, sostiene que realmente la cesión del atraque era un "regalo" al ex alcalde, tanto por la concesión de licencias ilegales a tres hoteles y al puerto, como para "recompensar" su "voluntaria inactividad en el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, toda vez que las obras de construcción del puerto comenzaron en el año 2000, cuando se carecía de la preceptiva licencia municipal, y sólo fue solicitada ésta por los promotores cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió dichas obras por la ausencia de la mentada licencia".
