Juan Francisco Rosa "ha sido, objetivamente considerado, uno de los principales beneficiarios de la conducta presuntamente delictiva de José Francisco Reyes como alcalde de Yaiza". Así lo sostiene la Fiscalía en el escrito que ha remitido al Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife, en el que, sin embargo, pide el sobreseimiento de las actuaciones contra él y contra otros diez empresarios, en el marco del "caso Reyes".
El fiscal sostiene que no hay pruebas suficientes "para formular acusación", aunque sí un "cúmulo de indicios" que llevaron a su imputación e investigación en esta causa. En su escrito, la Fiscalía recuerda que Rosa está vinculado con "cuatro asuntos importantes". Por un lado, en la construcción de viviendas residenciales en el Plan Parcial Playa Blanca, declarado ilegal por la Justicia. Por otro, en la construcción del Puerto Deportivo Marina Rubicón, junto a Rafael Lasso y Francisco Armas. Una licencia que consiguieron seis días después de solicitarla, cuando las obras llevaban más de dos años y medio y estaban casi terminadas, después de haberse iniciado sin tener "ni un solo permiso".
Ahora, en el marco de esta investigación, la Apmun ha dicho que el puerto no cumple con ningún tipo de planeamiento vigente: ni municipal, ni insular, ni estatal, ya que también incumple la Ley de Costas. Además, el puerto dio atraque gratis durante años al yate familiar de José Francisco Reyes, lo que llevó inicialmente a la imputación de los tres promotores, por un presunto delito de cohecho en forma de "regalo". En su escrito, el fiscal recuerda que Reyes compró esa embarcación pagando 120.000 euros en efectivo, con dinero de procedencia "desconocida".
"Extravagante cambio de criterio"
A todo ello hay que sumar las licencias que Reyes concedió a Juan Francisco Rosa para construir dos hoteles que ha han sido declarados ilegales por la Justicia: el Princesa Yaiza y el Apartotel Son Bou. El fiscal subraya que "uno de los principales motivos que invitaban a la suspicacia, y por tanto a su imputación", está en el extravagante cambio de criterio" de José Francisco Reyes.
Antes de que Juan Francisco Rosa comprara esa parcela, Reyes denegó ("conforme a la ley") una licencia que solicitaron los anteriores dueños. Sin embargo, cuando el terreno fue adquirido por Rosa, la respuesta a la solicitud de licencia fue positiva. Y todo ello, según el fiscal, sin que hubiera "ningún cambio, más allá que el del cambio de solicitante", y sin que ninguno de los imputados, incluyendo a los técnicos del Ayuntamiento, "hayan sabido dar explicación" durante la instrucción de la causa.
Otro empresario "notablemente benefiado"
El informe del fiscal también hace especial referencia a otro de los empresarios, Ignacio Díaz de Aguilar, del que afirma que "tanto él como otros miembros de su familia han resultado notablemente beneficiados por la conducta presuntamente prevaricadora de los imputados". En este caso, las licencias se centran en el Plan Parcial Las Coloradas y en el Plan Parcial Playa Blanca, aunque también, "en menor medida, en el de Montaña Roja".
En este caso, recuerda que "a través de la entidad Las Coloradas S.A. y otras vinculadas a la misma o a su despacho profesional, se obtuvieron múltiples licencias urbanísticas, solicitadas por el imputado o personas en nombre de dichas sociedades, en muchas ocasiones con proyectos redactados por un arquitecto hermano suyo, y en otras ocasiones vendiendo promociones inmobiliarias por medio de otro hermano, a través de otra mercantil".
En el caso del Plan Parcial Playa Blanca, su desarrollo fue residencial y construyeron y vendieron viviendas a terceros. Hoy, esos compradores se encuentran con unas casas ilegales, de las que en muchos casos todavía están pagando la hipoteca, sin saber cuál va a ser su futuro.
Sin embargo, al igual que con otros imputados, como los vascos Félix Receta, Ricardo Sánchez y José Ramón Olaberría, que también recibieron licencias para construir en el mismo Plan Parcial Playa Blanca, pese a que su urbanización era ilegal, la Fiscalía subraya que los indicios que existen "no son suficientes" para llevarles al banquillo.
"No se puede practicar en el juicio a día de hoy ninguna prueba directa de la entrega del dinero, si fue para la obtención de las licencias o a posterior por dicha obtención o por otro motivo, si fue para Reyes, para el Partido Nacionalista de Lanzarote o para ambos", señala el fiscal en su escrito, en referencia a los presuntos sobornos que se investigaban por parte de los empresarios vascos.
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