POR UN DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS ROSTROS

La Fiscalía pide dos años más de cárcel para Dimas en otra pieza de Unión

Le acusa de un delito contra la ordenación del territorio por las obras en su finca de Los Rostros, en suelo protegido. El fiscal señala que Dimas ?usó de parapeto? a su mujer para ?eludir sus responsabilidades?, aunque él era el verdadero promotor?

Isabel Lusarreta
 La Fiscalía pide dos años más de cárcel para Dimas en otra pieza de Unión
La Fiscalía pide dos años más de cárcel para Dimas en otra pieza de Unión

El líder histórico del PIL, Dimas Martín, se enfrenta a una nueva petición de dos años de cárcel dentro del caso Unión, esta vez por un delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía ha elevado ya el escrito de acusación de otra pieza de esta macrocausa, centrada en este caso en las obras ilegales realizadas en una finca rústica de Dimas en Los Rostros, en un espacio natural protegido.

Además de dos años de prisión, el fiscal Ignacio Stampa pide una multa de 12.000 euros, “con arresto sustitutorio en caso de impago”, y dos años de “inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la construcción, extracción o movimientos de tierras”. Asimismo, pide que se condene a Dimas Martín a costear las obras para “restaurar el orden jurídico perturbado”. Y es que sostiene que Dimas realizó obras en un suelo protegido donde no se podía construir, multiplicando por dos la superficie de una pequeña edificación preexistente y creando otros anexos, incluida una piscina.

Los hechos se remontan al año 2009, cuando según la Fiscalía, Dimas Martín “promovió con total desprecio a la ordenación legal del territorio obras de transformación del suelo sin los preceptivos títulos habilitantes”. De hecho, no sólo no tenía licencia sino que tampoco podía haberla obtenido, según subraya el fiscal, porque se trataba de suelo rústico de protección natural, dentro además de una zona de valor ecológico (malpaíses), donde sólo se permiten “los usos y actividades compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y disfrute público de sus valores naturales”.

Sin embargo, las obras que promovió Dimas Martín “con pleno conocimiento y dominio de su financiación y de su contravención con el planeamiento urbanístico vigente”, consistieron en la construcción de una piscina de unos 30 metros cuadrados, la ampliación de tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros cuadrados, terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros cuadrados y amurallamiento de parte de la finca.

 

“Utilizó a su esposa como parapeto”


En su escrito, el fiscal subraya que Dimas Martín “hizo aparecer como promotora” de las obras a su esposa, Elena del Rosario Martín, pero realmente “todas las gestiones relativas a la ejecución y supervisión de las obras y a la contratación de los trabajadores para ello fueron llevadas a cabo por el acusado”. De hecho, la finca está registrada a su nombre.

Por eso, aunque la mujer de Dimas estuvo inicialmente imputada en esta pieza, finalmente se archivaron los cargos contra ella a instancias de la propia Fiscalía. Según el escrito de acusación, el líder histórico del PIL “utilizó a su cónyuge como parapeto”, “con el fin de ocultar su verdadera responsabilidad en la promoción de las obras” y “eludir las responsabilidades que le pudieran generar por la actividad desarrollada en contra de las normas de ordenación del territorio”. 

En el expediente sancionador que incoó en su momento el Ayuntamiento de Yaiza, después de que agentes del Seprona cursaran una denuncia, se hizo figurar a Elena Martín como promotora de las obras. Sin embargo, la Fiscalía considera que “la esposa del acusado actuó en la ignorancia, ya que jamás tuvo conocimiento de lo realmente ejecutado por su esposo y de las reales intenciones de utilizarla a ella como parapeto de ulteriores exigencias de responsabilidades por la ejecución de las obras”.

 

Pedro de Armas, el denunciante


Las obras que Dimas estaba realizando en Los Rostros fueron denunciadas en el año 2009 ante el Seprona por Pedro de Armas y, con ello, este presunto delito se acabó investigando dentro del caso Unión. Y es que las posteriores llamadas telefónicas que intercambiaron Dimas Martín; la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña; y el alcalde de Tinajo y entonces presidente insular de CC, Jesús Machín, tras conocer esa denuncia, pusieron a los agentes de la UCO sobre la pista de esta nueva ilegalidad, ya que el líder histórico del PIL tenía el teléfono intervenido en ese momento.

Aunque De Armas pidió expresamente que no apareciera su nombre al acudir al Seprona, un agente de esta Unidad de la Guardia Civil confirmó en el Juzgado, en el marco de esta causa, que fue el actual concejal del PNL-Nueva Canarias en Arrecife quien presentó la denuncia

Precisamente por las conversaciones interceptadas por la UCO, en esta pieza llegaron a estar imputados también la alcaldesa de Yaiza, el entonces teniente alcalde, Leonardo Rodríguez, y Jesús Machín, por un posible delito de tráfico de influencias. Sin embargo, las imputaciones contra ellos fueron finalmente archivadas.

 

Dimas "intentó infuir en la alcaldesa"


En el caso de Gladys Acuña, en el auto en el que acordó su “desimputación” la juez señalaba que en las conversaciones “parece” que Dimas Martín “intenta influir en la alcaldesa para que, si bien no queda más remedio que incoar un procedimiento, el mismo adolezca de algún defecto para poder terminar las obras” en su vivienda familiar. 

Sin embargo, aunque ese auto subraya que “parece que, en efecto, la señora Acuña, lejos de ofenderse, admite las sugerencias del señor Martín”, los hechos “objetivos” los relata el Ministerio fiscal en un informe, en el que expone que la alcaldesa, compañera de partido de Dimas Martín, “le paraliza las obras a éste” y lo hace “al día siguiente de que por la Oficina Técnica se proponga dicha medida”. Así, aunque las obras no llegaron a precintarse, tampoco “consta acreditado que se continuaran ejecutando después” ni se han detectado consecuencias de los supuestos “defectos en la resolución” dictada por Acuña.

En la misma línea, tal como en su día solicitó la Fiscalía, la juez también había archivado la imputación de Jesús Machín y Leonardo Rodríguez, que en ese momento gobernaba con el PIL en Yaiza. En base a ese pacto, Dimas realizó una llamada a Machín pidiéndole que interviniera y mediara ante su compañero de partido para que el Ayuntamiento no le paralizara las obras. Sin embargo, más allá de esas conversaciones, el fiscal y la juez instructora consideran que no ha quedado acreditada la participación de ninguno de los dos.

En cuanto a la otra persona que estuvo imputada en la causa, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, la juez sí consideraba que existían "indicios de la comisión de un delito de falsedad documental cometido el 20 de septiembre de 2006" en relación con esa vivienda, pero éste habría prescrito, por lo que se declaró “extinguida la responsabilidad”.

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