Está construida sin licencia en suelo rústico de protección de entornos

La Agencia de Protección del Medio ordena demoler una vivienda en Haría e impone a su promotor una multa de 96.700 euros

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado demoler una vivienda situada en Los Lajares, en el término municipal de Haría, y ha impuesto a su promotor una multa de ...

20 de septiembre de 2012 (20:01 CET)
La Agencia de Protección del Medio ordena demoler una vivienda en Haría e impone a su promotor una multa de 96.700 euros
La Agencia de Protección del Medio ordena demoler una vivienda en Haría e impone a su promotor una multa de 96.700 euros

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado demoler una vivienda situada en Los Lajares, en el término municipal de Haría, y ha impuesto a su promotor una multa de 96.700 euros por cometer una infracción administrativa "muy grave". La primera resolución es de enero de 2011, pero el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este jueves la confirmación de esta decisión, después de que se haya desestimado el recurso de alzada que interpuso el promotor, D.R.Z.

La construcción a demoler es una vivienda semienterrada aislada y de una planta de 93 metros cuadrados de superficie, dos cuartos-almacén de 1,5 y de dos metros cuadrados respectivamente. Está construida sobre suelo clasificado y categorizado como rústico de protección de entornos. Además, según se establece en el BOC, fue edificada "sin los preceptivos títulos legitimantes necesarios para su ejecución", como la calificación territorial y la licencia urbanística.

Por ello, en 2011 la Apmun ordenó el restablecimiento del orden jurídico perturbado, "mediante la demolición y reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de las actuaciones". Así, se requirió al expedientado para que en el plazo de un mes presentara "un proyecto de restauración", advirtiéndole de que si no lo hacía sería la Apmun la que lo ejecutara "subsidiariamente con cargo al infractor". Por el contrario, si los responsables ofreciesen "su total colaboración" en la ejecución de la orden, el coste de la demolición tendría una bonificación del 50 por ciento.

Este jueves, el BOC publica que se ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por el promotor, con lo que se ha agotado la vía administrativa. El promotor todavía puede interponer un recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el plazo de dos meses.

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