Comisiones Obreras Canarias ha condenado los hechos descubiertos en el marco de la operación policial Bordillo, desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de la Policía Nacional en Lanzarote. Esta investigación destapó un entramado de explotación laboral y de usurpación de identidad en diferentes obras de la isla.
La operación se ha saldado con 16 detenciones, entre ellas dos empresarios del sector de la construcción y 14 trabajadores extranjeros, presuntamente obligados a operar de forma irregular utilizando identidades ajenas. Según las investigaciones, nos encontramos ante un sistema organizado que vulnera de forma grave los derechos laborales y humanos de las personas empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Desde CCOO Canarias han denunciado que algunos empresarios "siguen considerando a las personas migrantes como mano de obra esclava, negándoles cualquier trato digno y beneficiándose de prácticas que son incompatibles con el Estado de Derecho, la justicia social y los principios democráticos".
“No aceptaremos que en Canarias se explote a nadie”
CCOO Canarias ha afirmado con rotundidad que toda persona trabajadora, independientemente de su origen o situación administrativa, merece dignidad, respeto y protección. La explotación laboral afecta a quienes la sufren y también deteriora el conjunto del mercado de trabajo, fomentando la competencia desleal y precarizando las condiciones laborales del sector.
CCOO Canarias se personará como acusación
El sindicato informa que se personará como acusación ante los tribunales en este caso, con el objetivo de defender los derechos vulnerados y garantizar que los responsables asuman las consecuencias legales.
Asimismo, expresamos nuestro respeto absoluto por las investigaciones judiciales y por la actuación de la Fiscalía, cuya labor es esencial para combatir estas redes y garantizar la protección de las personas más vulnerables.
Compromiso firme contra la explotación
CCOO Canarias ha reiterado su compromiso en la lucha contra la explotación laboral, la economía sumergida y cualquier intento de utilizar la precariedad administrativa o social de las personas migrantes "como herramienta para abusar de ellas".
"Ni en Canarias ni en ningún lugar caben prácticas que atenten contra la dignidad humana", ha concluido el sindicato.
