El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto en el que se establece la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas que el presidente Pedro Sánchez anunció la semana pasada.
El objetivo de esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla, es facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables.
Para contar con esta cobertura, los arrendadores deberán cumplir cuatro requisitos esenciales, que las comunidades autónomas podrán ampliar con criterios adicionales si así lo desean.
El primero es firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables según lo establecido en cada región y el segundo es que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia.
En tercer lugar, depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, y en cuarto lugar, suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
El nuevo aval compensará tanto el impago de rentas de alquiler como daños cuausados a la vivienda, así como costes de suministros debidos.
Las personas beneficiarias de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán las personas arrendadoras de las viviendas y las comunidades autónomas si estas han suscrito un seguro con las personas arrendadoras.
La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.
En próximas fechas se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida. Las CCAA deberán remitir semestralmente información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acerca de las coberturas aplicadas.
