El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, volverá a sentarse el próximo miércoles, 22 de junio, en el banquillo de los acusados, para enfrentarse a otro de los juicios que tiene pendientes, en este caso por la concesión de nueve licencias para la construcción de viviendas en una finca ubicada entre Femés y Las Breñas.
En esta causa, Reyes está imputado por tres delitos continuados contra la ordenación del territorio, y el fiscal pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, junto al ex alcalde se sentarán en el banquillo de los acusados el secretario del Ayuntamiento, Vicente Jesús Bartolomé Fuentes; el aparejador Alfredo Morales Armas; y el arquitecto técnico municipal, Pablo Ramón Carrasco Cabrera.
Para Carrasco Cabrera, el fiscal pide cinco años de inhabilitación, pero también cinco años de cárcel. Y es que además de delitos contra la ordenación del territorio, la acusación también sostiene que se cometió otro de falsedad de documento público.
Viviendas con piscina en suelo rústico
Los hechos que la próxima semana serán juzgados por la Audiencia Provincial se remontan a los años 1999 y 2000, cuando según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Yaiza fue autorizando la parcelación del terreno y la construcción de nueve viviendas en una finca rústica de 12.500 metros cuadrados, adyacente a la carretera que une las localidades de Femés y Las Breñas.
Las obras fueron denunciadas por agentes de la Guardia Civil adscritos al Seprona, lo que dio inicio a esta causa. El Ministerio Fiscal considera que tanto la parcelación como las licencias concedidas a la entidad Casas Conejeras S.L. son irregulares, al tratarse de un suelo donde no se podía construir. En el escrito de acusación elevado en su día, el fiscal sostiene que pese a que la finca no era urbanizable, durante esos dos años "se fue transformando la realidad física de ese terreno, de modo que acabaron existiendo en el mismo nueve viviendas unifamiliares, de no más de dos plantas, en su mayor parte con una piscina".
Agrega el fiscal que José Francisco Reyes "autorizó la parcelación paulatina, enmascarada en forma de sucesivas licencias de segregación", así como la construcción sin intervención del Gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote, a lo que estaba legalmente obligado, por ser suelo rústico.
Edificaciones en lugar de cultivos
Por su parte, el arquitecto técnico municipal, Pablo Ramón Carrasco Cabrera, informó favorablemente para la entrega de esas licencias y, según el fiscal, sólo "se limitó a observar que la parcela a segregar en cada caso y la finca matriz tenían dimensiones que cumplían con el mínimo exigido, sin explicar que ese mínimo era el de la superficie mínima de cultivo". Es decir, que aplicó esos parámetros "a sabiendas", según el fiscal, de que el propietario no pedía licencia para un cultivo, sino para edificar viviendas.
Además, Carrasco Cabrera declaró como solar los terrenos para los que se solicitaban autorizaciones. De esta forma, los catalogaba como suelo urbano por consolidación, y no suelo rústico, que era "como estaban clasificados en el planeamiento vigente", según destaca el Ministerio Fiscal. Por ello, considera que Carrasco Cabrera incurrió en un presunto delito de "falsedad de documento público", y pide también para él cinco años de prisión.
