El ex consejero de Política Territorial, Carlos Espino, afirma que no ha tenido conocimiento del proceso hasta que los medios se han hecho eco de las escuchas telefónicas que se han realizado a los dos alcaldes imputados, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández, en la investigación abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arrecife, por presuntas irregularidades en la concesión de licencias. Se limitó, según Espino, a dar traslado a un informe sobre la legalidad de las mismas a la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Ahora, asegura que ocultó la denuncia porque desde los órganos jurisdiccionales le pidieron "absoluta discreción" para no entorpecer la investigación.
Sobre el posible conocimiento, por parte de la presidenta del Cabildo, del informe que motivó la denuncia, Carlos Espino ha asegurado que a medida que se desarrolle el proceso "se sabrá seguro en qué momento tuvieron conocimiento ? del informe- algunos que ahora lo niegan". Por su parte la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, asegura que no conocía su existencia y que ha solicitado el documento a los servicios jurídicos para conocer su contenido.
El informe que presentó Espino, el pasado mes de noviembre como consejero, ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales (Udyco) fue encargado por él mismo a los servicios jurídicos de la Primera Institución. Carlos Espino asegura que detectó "varias irregularidades" y que optó por llevarlo al Udyco, por la "complejidad de la documentación presentada". Además sostiene que no acusó a nadie de cometer "acciones delictivas, sino que sólo se dio traslado al informe".
Ante la respuesta del grupo de Gobierno que estudia la posibilidad de que Carlos Espino haya incurrido en un presunto delito de usurpación de funciones, el consejero socialista reprocha que Inés Rojas, presidenta del Cabildo, "debería estar mirando qué puede hacer la Primera Institución para terminar de perseguir las infracciones", y le recuerda que "cualquier cargo público que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de hechos que pudieran ser considerados delictivos, tiene la obligación de llevarlo al órgano competente". "La utilización perversa de los mecanismos de poder por parte de algunas personas es la que hay que criticar", argumenta el ex consejero de Política Territorial.
Actualmente las investigaciones continúan y los dos alcaldes imputados han sido llamados a declarar, aunque han finalizado las escuchas telefónicas porque han resultado ser "infructuosas". Carlos Espino ha solicitado personarse como parte en el proceso para conocer el desarrollo de la investigación.
