ACN Press
La mayoría del PP en el Cabildo de Gran Canaria frustró este lunes la pretensión de los grupos de la oposición de llegar a acuerdos que dilucidasen la que a su entender es la supuesta responsabilidad política de la institución insular en la llamada 'trama eólica'. Mientras el PP insistía en que su manera de actuar buscaba la rentabilidad económica, no participando directamente en el concurso y arrendando suelo público para este fin, la oposición le ha acusado de fomentar el interés privado.
Tanto Nueva Canarias como el Partido Socialista acusaron al PP de ser responsable político y de estar implicado directamente en la llamada 'trama eólica', al no haber participado en el concurso eólico a través de la empresa Magaturbinas de Arinaga, habiendo además concedido certificados que ponían suelo público propiedad del Cabildo a todas las entidades privadas que lo solicitaron.
El grupo de gobierno defendió una vez más que no sólo no participa directamente en Megaturbinas de Arinaga, sino que el objeto social de ésta "nunca planteó la presentación a concursos de potencia eólica", tal como dijo su presidente, Miguel Jorge Blanco, algo que reiteró momentos después el mismo presidente del Cabildo, José Manuel Soria.
En cuanto a la concesión de suelo público de Arinaga a las 35 empresas que lo solicitaron, la concejal de Hacienda, Rosa Rodríguez, explicó que ésta se basaba en un arrendamiento (no una venta) cuyos cánones rentabilizarían la participación de la corporación insular mucho más que su participación directa en el concurso. No obstante, indicó que la anulación de dicho concurso ha invalidado esas concesiones, ya que, aseguró, dependían de la obtención de la asignación de potencia una vez fallado el concurso.
Carmelo Ramírez, consejero de Nueva Canarias, calificó de "mentiras" estos argumentos, insistiendo en que el objeto social de Megaturbinas de Arinaga es el aprovechamiento de las energías renovables, así como recordando que el negocio eólico se define por su gran rentabilidad, dudando de lo expuesto por Rodríguez al no haber presentado documentos económicos que lo acreditasen.
Por su parte, el socialista José Miguel Pérez, presentó sendos documentos en los que dijo se acreditaba la voluntad del Cabildo de presentarse a concurso a través del Consejo Insular de Aguas. Por último, además, se preguntó qué se buscaba con la concesión "indiscriminada" de suelo público cuando "se supone" que debía realizarse entre las empresas que tuviesen más garantías de realizar una gestión correcta.
Por último, la socialista Paquita Luengo, calificó de "pantomima jurídica" las argumentaciones del grupo de gobierno para justificar que, como dijo el propio José Manuel Soria, se ha actuado "en base a los principios de transparencia y publicidad".
