El Partido Popular ha enviado un nuevo comunicado cuestionando lo ocurrido el pasado viernes en el Pleno de Arrecife, comparando el reconocimiento de facturas que se sometió a votación con los hechos investigados en el caso Unión y en el caso Montecarlo. "Por saltarse las normas del procedimiento de reconocimiento de crédito hay personas condenadas y en la cárcel, como el ex interventor del Ayuntamiento, y otros acusados como el ex alcalde socialista, acusado en el marco de la operación Montecarlo", señalan en un comunicado.
Respecto al interventor, condenado en el caso Unión, cabe recordar que la sentencia considera probado que lo que hizo fue malversar fondos públicos, autorizando pagos por servicios que en realidad ni siquiera se habían prestado. En cuanto a José Montelongo, también está acusado de malversación de fondos públicos por su etapa como concejal de Hacienda, cuando gobernaba precisamente con el PP, que era quien ostentaba en ese momento la Alcaldía. De hecho el entonces alcalde, Cándido Reguera, también estaba imputado en el procedimiento, aunque falleció durante la instrucción.
No obstante, los populares hablan de esa causa centrándose solo en la imputación de Montelongo, afirmando que "hacer reconocimientos de deuda sin cumplir las normas le costó el puesto al ex alcalde de Arrecife", cuando tuvo que dimitir tras presentarse el escrito de acusación contra él y abrirse el trámite para llevarle a juicio. En opinión del PP, eso es comparable con las facturas que reconoció el grupo de gobierno el pasado viernes, y también con el pago de la deuda a Endesa que no llegó a aprobarse, al votar también en contra Coalición Canaria.
"Intentan confundir a la ciudadanía"
Al respecto, tras las críticas lanzadas desde el PSOE , los populares han acusado a los socialistas y a la alcaldesa, Eva de Anta, de "intentar confundir a la ciudadanía al decir que el PP es el responsable de que no se paguen las facturas que se adeudan" por el suministro eléctrico "cuando realmente lo que intentan es tapar su incompetencia al frente del Consistorio".
En su comunicado, los populares sostienen que el Ayuntamiento "puede hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito pero siempre y cuando se hagan siguiendo el procedimiento reglado que se establece para ello". Y eso consideran que "en este caso concreto no se ha cumplido, porque se ha vulnerado, por ejemplo, el orden de prelación de las facturas", que afirman que es lo mismo que hizo Montelongo cuando el PP gobernaba con él en la capital.
Respecto al reconocimiento extrajudicial de facturas, señalan que "evidentemente hay muchas corporaciones que lo hacen, pero cumpliendo unas normas que el Gobierno de Arrecife se ha saltado". Entre ellas esas facturas que se llevaron a Pleno, según los populares, había "contratos menores que habían durado más de un año, facturas sin contrato ni convenio firmado y fraccionamiento de facturas, entre otras presuntas irregularidades".
Acusa a Cs de dar un "apoyo sin fisuras" a PSOE y PIL
Además, el PP vuelve a cargar también en su nota de prensa contra Ciudadanos, afirmando que da un "apoyo sin fisuras" al grupo de gobierno en minoría de PSOE y PIL. "Sorprende que Ciudadanos, que dice estar en contra de las corruptelas administrativas, haya permitido con su abstención que se aprobara un reconocimiento de deuda sin contar con todos los parabienes legales", sostiene con respecto a las facturas que sí se aprobaron. Respecto a esas facturas, cabe recordar que el voto determinante fue el de CC, que fue quien inclinó la balanza entre las que se aprobaron y las que no.
En relación a las facturas de Endesa, el Partido Popular recalca que "desde 2013, con la liberalización del sector eléctrico, el Ayuntamiento tenía que haberlo sacado a concurso". Y según el PP, la alcaldesa tenía "constancia de ello "desde su toma de posesión" y "continuó vulnerando presuntamente el procedimiento legalmente establecido para la contratación pública".
Por eso, sostiene que "lo que no puede pretender ahora el PSOE es que el Partido Popular apoye un reconocimiento" con el que creen que "se estaría cometiendo un posible delito de prevaricación", dado que según ellos no se cumple "con los requisitos que exige la normativa".
