SE HA FIJADO UNA TERCERA FECHA, AHORA PARA FINALES DE MARZO

El juicio contra Dimas por la pieza de Los Rostros se retrasa por segunda vez

Se ha fijado una tercera fecha, ahora para finales de marzo. La vista ya debería haberse celebrado en diciembre. En esta pieza de Unión, el fiscal pide dos años de cárcel para el líder histórico del PIL...

 El juicio contra Dimas por la pieza de Los Rostros se retrasa por segunda vez
El juicio contra Dimas por la pieza de Los Rostros se retrasa por segunda vez

Uno de los juicios a los que debe enfrentarse Dimas Martín dentro del caso Unión ha vuelto a retrasarse. Inicialmente, la fecha para celebrar la vista por la pieza de Los Rostros se fijó para los pasados 16 y 17 de diciembre, pero el abogado de Dimas, Manuel González Peeters, alegó que le coincidía con un juicio de otro cliente. Y lo mismo ha vuelto a suceder con la siguiente fecha que se estableció, para este mes de enero. Finalmente, se han señalado dos nuevos días para celebrar la vista oral, aunque será ya a finales de marzo. Concretamente, los días 30 y 31 de ese mes.

El juicio se celebrará ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife y en el banquillo se sentará solo Dimas Martín, para quien la Fiscalía pide en esta pieza dos años de cárcel por un presunto delito contra la ordenación del territorio, así como una multa de 12.000 euros. Además, pide que se condene a Dimas Martín a costear las obras para “restaurar el orden jurídico perturbado”. Y es que sostiene que Dimas realizó obras en un suelo protegido donde no se podía construir, multiplicando por dos la superficie de una pequeña edificación preexistente. 

Entre otras cosas, según el escrito de acusación, Dimas construyó una piscina de unos 30 metros cuadrados, amplió tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros cuadrados y creo una terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros cuadrados y un amurallamiento de parte de la finca. Y todo ello, según el fiscal, sin tener licencia y sin haber podido obtenerla, porque se trataba de suelo rústico de protección natural, dentro además de una zona de valor ecológico (malpaíses).

 

Otros imputados quedaron fuera de la causa


Las obras que Dimas estaba realizando en Los Rostros fueron denunciadas en el año 2009 ante el Seprona por Pedro de Armas, según confirmó un agente en el marco de esta causa. En ese momento, Dimas Martín tenía el teléfono intervenido por orden judicial dentro del caso Unión, que continuaba bajo secreto. Por eso, las posteriores llamadas telefónicas que realizó Dimas para hablar de esa denuncia con la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y con el alcalde de Tinajo y entonces presidente insular de CC, Jesús Machín, pusieron a los agentes de la UCO sobre la pista de este nuevo presunto delito.

Tanto Acuña como Machín llegaron a estar imputados en esta pieza de Unión, aunque finalmente se archivaron los cargos contra ellos. En el caso de Gladys Acuña, en el auto en el que acordó su “desimputación”, la juez señalaba que Dimas intentó “influir en la alcaldesa” para que en el procedimiento que se vio obligada a incoar por esa denuncia, se incluyera “algún defecto” que lo retrasara y le permitiera terminar las obras. Al respecto, la juez señalaba que aunque en esa conversación “parece que Acuña, lejos de ofenderse, admite las sugerencias del señor Martín”, lo cierto es que finalmente ordenó paralizar las obras. Así, aunque no llegaron a precintarse, tampoco “consta acreditado que se continuaran ejecutando después” ni se detectaron consecuencias de los supuestos “defectos en la resolución” dictada por Acuña.

En la misma línea, tal como en su día solicitó la Fiscalía, la juez archivó la imputación de Jesús Machín y del ex concejal de CC Leonardo Rodríguez, que en ese momento gobernaba con el PIL en Yaiza. En base a ese pacto, Dimas realizó una llamada a Machín pidiéndole que interviniera y mediara ante su compañero de partido para que el Ayuntamiento no le paralizara las obras. Sin embargo, más allá de esas conversaciones, el fiscal y la juez instructora consideran que no ha quedado acreditada la participación de ninguno de los dos.

En cuanto a la otra persona que estuvo imputada en la causa, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, la juez sí consideraba que existían "indicios de la comisión de un delito de falsedad documental cometido el 20 de septiembre de 2006" en relación con esa vivienda, pero éste habría prescrito, por lo que se declaró “extinguida la responsabilidad”.

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