José Francisco Reyes y Vicente Bartolomé Fuentes no aclaran quién aportaba los criterios jurídicos para aprobar los proyectos

El ex alcalde y el secretario de Yaiza se derivan mutuamente la responsabilidad de las licencias ilegales

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29 de abril de 2009 (22:36 CET)

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, ambos imputados por el caso de la presunta trama para conceder licencias ilegales en Playa Blanca, declararon la pasada semana en el Juzgado y ofrecieron visiones opuestas sobre la concesión de dichas licencias.

Reyes y Fuentes, en su segunda declaración por este caso en los juzgados, ofrecieron versiones contrapuestas en varios aspectos y el ex alcalde, incluso, entró en contradicción con algunas de sus declaraciones anteriores. Las versiones de ambos difieren principalmente en aclarar quién y cómo se decidió que el Ayuntamiento no debía comunicar las licencias al Cabildo de Lanzarote y en general todo el asesoramiento jurídico y cómo era el proceso para dar las licencias.

Reyes declaró la pasada semana que a la hora de emitir sus decretos no le asesoraba nadie, ya que la oficina técnica estaba lejos, aunque en la misma declaración dice posteriormente que él no elaboraba los decretos ni los redactaba, que los expedientes se hacían por completo en la oficina técnica y el apoyo y asesoramiento lo hacía el secretario y otros letrados, de los que no recuerda el nombre.

En su anterior declaración, en junio de 2007, así como en el juicio oral del pasado mes de marzo, que terminó por costarle una condena de diez años de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística, Reyes aseguraba que él nunca redactaba los decretos e incluso que no los leía.

Durante aquella declaración, en 2007, aseguró que el decreto de concesión de una licencia lo elaboraba el secretario "confiando en otros técnicos", de quien tampoco dijo sus nombres, y que el asesoramiento se lo hacía la oficina técnica, mientras que los certificados de concesión de licencias por silencio los hacía el secretario de la oficina técnica y se los llevaban a él para que los firmase, junto con algún funcionario que le iba diciendo lo que firmaba ya que no lo leía.

El secretario, por su parte, declaró la pasada semana que cuando se realizaban los trámites oportunos para dar una licencia se pasaba después al alcalde para firmar o elaborar el decreto y que a él le pasaban el decreto ya firmado por el alcalde.

Informe jurídico

Respecto al informe jurídico y al asesoramiento, tampoco queda claro, atendiendo a las declaraciones tanto de Reyes como de Fuentes y Pablo Carrasco (aparejador municipal, también imputado), quién daba las pautas. Carrasco entiende que el informe del secretario es un informe jurídico, al igual que Reyes, que dice que los conocimientos jurídicos los aporta el secretario, pero éste señala que en el Ayuntamiento no había juristas y que su informe era "orientativo y procedimental" y no era un informe jurídico, pues no fue requerido para ello.

El fiscal y la acusación preguntaron sobre el papel del abogado y también imputado Felipe Fernández Camero. Reyes dijo que el asesoramiento jurídico corría a cargo del secretario y otros letrados, que en relación con las licencias el asesoramiento era de Fernández Camero, aunque puntualiza después a preguntas de la defensa de éste que dicho asesoramiento era respecto a los procedimientos judiciales.

Contradicciones

También declaró que Camero trabajaba con el Ayuntamiento desde 1998 y que se hacían encargos a otros letrados pero que no sabe quiénes son. El ex alcalde señaló que las consultas a este abogado las haría el secretario mediante llamadas telefónicas, que él nunca le consultó.

Por su parte, Vicente Bartolomé declaró que en 1998 se trabajaba con tres abogados en el Ayuntamiento, uno de ellos Camero, y se les hacían consultas puntuales porque no estaban en plantilla. Dice que nunca consultó a Camero para tramitar las licencias y que éste siempre emitía dictámenes por escrito.

Asegura que conocía cómo se pagaba a los asesores jurídicos hasta 1998 pero después no sabe si sigue el mismo procedimiento, ni con Camero ni con nadie.

El fiscal pregunta al secretario municipal qué servicios de asesoramiento prestaba Camero y cómo es posible, si se le pagaba, que el secretario, que además ejerce de interventor, no lo sepa, y que si en caso de que fuera asesoramiento para el alcalde por qué razón pagaba el Ayuntamiento y cómo es esto posible si el ex alcalde asegura que no tenía asesores.

ACN Press

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