Desde el sindicato adelantaron que otros sectores de la administración pública estudian unirse a la convocatoria de paro total que aunará las reclamaciones generales de todos los profesionales públicos: Mejorar la calidad de los servicios, cambiar la política de privatización y ofrecer más calidad en las condiciones laborales.
En este sentido, el sindicato explicó que la media de salarios de trabajadores de la administración pública se sitúa entre los 800 y 900 euros, por 37,5 horas trabajadas a la semana, una jornada laboral que reconocen que se distorsiona al incluir al sector sanitario.
"Esto tiene que cambiar, no queremos seguir negociando como hasta ahora. No estamos cerrados de sesera, ofrecemos razonamiento y diálogo al Gobierno", explicó Luis Piernavieja, delegado sindical en materia de justicia. "No predican con el ejemplo, siguen una política evacionista, utilizan maquillaje político y pantallazo de luz ante la sociedad", añadió.
La huelga general es una opción que llegará justo después de una movilización del conjunto de trabajadores públicos. Para el día jueves, 21 de febrero, tienen previsto movilizarse por la tarde y llegar hasta el Gobierno de Canarias para reclamarles "razonamiento y diálogo", porque según Rodríguez "el Gobierno el único lenguaje que entiende es la presión".
Razonamiento y diálogo
Tanto el razonamiento y diálogo son dos palabras que hacen suyas la Administración pública y los sindicatos. Sin embargo, las soluciones no llegan y se acusan mutuamente de "falta de flexibilidad". Precisamente el IC recordó como el Gobierno de Canarias, en materia de educación no consiguió su propósito de aprobar el preacuerdo para los profesores de Canarias.
Todas las Islas votaron no, siendo Fuerteventura la isla con un mayor rechazo, con un 86 por ciento, seguido de Gran Canaria con un 84 por ciento y de Lanzarote con un 82 por ciento de respuesta de rechazo al preacuerdo. Tenerife voto en contra en un 68 por ciento, La Gomera con un 59 por ciento y El Hierro con un 67 por ciento, según los datos de IC.
Para el sindicato "las cosas están claras", pero admite que son capaces de ceder, aunque sólo en los aspectos de plazos de entrega de los beneficios y las mejoras.
ACN Press
