Democracia Real Ya celebrará el próximo viernes 16 de septiembre, a las 19 horas, en La Plazuela de Arrecife, una asamblea en la que se debatirán las estrategias a seguir para ejercer presión sobre las administraciones ante "los cambios que se están produciendo en lo que se refiere arecortes en el sector público".
La plataforma muestra así su rechazo a la privatización de la sanidad, la educación y del resto de servicios públicos y traslada su apoyo a las manifestaciones que se celebrarán el próximo 18 de septiembre en todo el país, para protestar contra los recortes sociales."Esperamos que este encuentro sea el comienzo de una colaboración continuada encaminada a la defensa de los derechos de la ciudadanía", señalan en un comunicado.
Desde Democracia Real Ya exigen que se ponga freno a la privatización, con la derogación de la ley 15/97 (Sanidad) y todas las normas autonómicas que la desarrollan y vuelvan a manos públicas los centros privados. Asimismo, solicitan la supresión paulatina de los conciertos educativos y sanitarios, aumentando paralelamente las plantillas y los centros públicos, para garantizar la cobertura de toda la demanda desde el ámbito publico.
Democracia Real Ya también dice no a la venta del patrimonio sanitario de la Seguridad Social y a la cesión del suelo público a las empresas privadas, así como al copago/repago en sanidad, educación o justicia. "No a la desgravación fiscal ni de los seguros privados sanitarios, ni de la enseñanza privada o concertada" y "No a las contratas y subcontratas en educación", añaden desde la plataforma.
Asimismo, Democracia Real Ya solicita que se incremente el gasto sanitario, que se encuentra "dos puntos por debajo del promedio de la UE-15" y que se aumente también en educación "hasta el 6 por ciento del PIB".
En materia de educación, Democracia Real Ya rechaza asimismo la implantación del espacio europeo de educación superior y pide la eliminación de las becas préstamos, así como todas las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015.
Por último, la plataforma solicita un pacto que excluya el ánimo de lucro en todos los servicios públicos y que no haya topes constitucionales en el gasto público. "Dinero hay y sobra. Que se destine a satisfacer necesidades sociales o a engordar parásitos, no depende de qué partido gobierne, sino de qué clase esté en el poder", concluyen.
