El Ayuntamiento de Arrecife ha informado que la Dirección General de la Policía “ha desistido presentar la documentación requerida para legalizar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en pleno centro de Arrecife”.
"Desde la Dirección General de la Policía no han presentado ninguna de la documentación que le requerimos desde noviembre del año pasado, ni la tasa por expedición de licencia junto con el justificante, ni tampoco la garantía para cubrir los costes de demolición de la infraestructura en caso de incumplimiento”, señala el concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres. Para el responsable de Urbanismo “está claro que son conocedores de la ilegalidad que están cometiendo y no se han molestado en tramitar la solicitud de licencia de obra ante el Ayuntamiento”.
Por tanto, señalan desde el Consistorio, "con fecha a 26 de enero, ha resuelto el expediente de solicitud de licencia de obra para el CATE por no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias”, según la resolución, y por tanto “resuelve dar por terminado el procedimiento administrativo y proceder al archivo de las actuaciones”.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Arrecife informan que sigue adelante “el expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, abierto al carecer de licencia de obras, que puede resolverse con el desmantelamiento de las instalaciones”.
Desde el Ayuntamiento señalan que este expediente se abrió también “en noviembre del pasado año”, y su resolución estaba condicionada “a que la Dirección General de la Policía tuviese la licencia de obra para el CATE”, que señalan que se ha instalado “sin licencia”, y que está compuesto por” 20 estructuras desmontables, tres contenedores y un vallado metálico perimetral ubicado en la calle Escotilla y Timón”. Solar situado en la trasera de la Comisaría de la Policía Nacional, de propiedad de la Autoridad Portuaria y que desde el Ayuntamiento señalan que “no ha sido cedido al Ministerio de Interior”.
En dicha resolución se ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida que “consistirá en la solicitud de licencia de implantación de instalación para uso de equipamiento social”. En el caso de que “no se culmine el trámite de concesión de licencia por causas imputables al promotor, o ésta concluya desfavorable”, señalan en el expediente que se procederá a “resolver el expediente de restauración de la legalidad, ordenando el desmantelamiento de las instalaciones y el cese del uso”.
