El empresario Juan Francisco Rosa ha vuelto a los Juzgados de Arrecife a primera hora de este miércoles, en una jornada que será clave para el futuro de la bodega Stratvs. A las 9,30 horas estaba citado un representante de la empresa BTL, ya que hace dos semanas la juez acordó también imputar a la sociedad. En nombre de la empresa ha acudido su administrador, Juan Francisco Rosa, que ya estaba imputado también personalmente en la causa por varios delitos.
A continuación, estaba prevista la comparecencia para decidir si se ordena el cierre de la instalación. La vista estaba convocada a las 10 horas, pero finalmente se ha retrasado algo más de dos horas.
La juez del Juzgado de Instrucción Número 5, Silvia Muñoz, decidió convocar esta comparecencia en respuesta a la solicitud planteada por la familia Negrín, que se ha personado en la causa como parte perjudicada, y ha solicitado el cierre de total de la bodega como medida cautelar, mientras continúa la instrucción de la causa penal abierta.
Los herederos de José Negrín Armas sostienen que son propietarios de una parte de la finca donde se levantó Stratvs, y donde se demolió una construcción preexistente, sin que ellos dieran ningún tipo de permiso ni autorización. Por eso, acusan al empresario Juan Francisco Rosa de un delito de usurpación de bien inmueble, además de otros que ya se investigaban en la causa, como prevaricación administrativa, falsedad ante la Agencia Tributaria y delitos contra la Ordenación del Territorio, contra el Patrimonio Histórico y contra el Medio Ambiente.
Tras recibir esta solicitud, la juez abrió una pieza separada de medida cautelar y convocó a todas las partes implicadas para este miércoles, "en orden a resolver sobre la medida interesada".
Una vez que termine la vista, la juez deberá tomar una decisión, que podría resolverse este mismo miércoles o en los próximos días.
Un proyecto "falsamente ejecutado"
La investigación judicial, en la que hay casi una veintena de imputados, sostiene que la bodega recibió licencias ilegales (por lo que hay políticos y técnicos imputados); pero también que lo construido ni siquiera tiene que ver con lo que se había autorizado "indebidamente".
Así lo sostienen diversos informes técnicos que obran en la causa, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, que explican que lo que se pidió fue licencia para rehabilitar una construcción preexistente, que tenía valor etnográfico, y lo que se hizo fue derribarla y realizar una edificación mayor. Además, señalan que donde debería ir la bodega levantaron un restaurante (careciendo de permiso para ello), y que la bodega se construyó en otra zona no autorizada, y ocupando casi el doble de lo que había solicitado.
Incluso, un informe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias advierte de que existe un "alto grado de contaminación" en "el sanitario de baños y lavado de la bodega, que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos", "filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo".
Por todo ello, uno de los herederos de José Negrín pidió el cierre cautelar de la bodega basándose en "la protección de la ordenación del territorio y del medio ambiente y la restauración del equilibrio perturbado, previniendo con ello la continuidad de la actividad delictiva y los efectos de la misma". Además, reclamaba esta medida como parte afectada, por ser dueño de una parte de la finca, "ante posibles responsabilidades civiles o indemnizatorias por hechos delictivos ocurridos en nuestra propiedad, pidiendo con ello tutela judicial ante lo ocurrido".
