Primero, eran inventos de los medios de comunicación. Después, cuando el tema llegó a los Tribunales, pasaron a ser denuncias "infundadas" y "maliciosas" que no llegarían a ninguna parte. Con las detenciones y los ...
Primero, eran inventos de los medios de comunicación. Después, cuando el tema llegó a los Tribunales, pasaron a ser denuncias "infundadas" y "maliciosas" que no llegarían a ninguna parte. Con las detenciones y los registros, la bandera de la presunción de inocencia tomó el relevo. ¿Y ahora? ¿Qué sucede cuando incluso José Francisco Reyes ha empezado a confesar ante la jueza que habría recibido dinero de empresarios, vinculado a la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca?
Los Juzgados de Instrucción Número 2 y Número 5 de Arrecife han puesto la isla patas arriba. Tanto que, incluso, con la acumulación de noticias abrumadoras, se puede llegar hasta a perder la dimensión de la gravedad de cada una de ellas. Y ante eso, a los que pretenden evitar que Lanzarote se regenere y cambie de una vez de rumbo, ya sólo les quedaría cargar hasta contra la Justicia. Y desde luego, a la luz de algunas declaraciones que se han escuchado en los últimos días, parece que hasta hay quienes estarán dispuestos a hacerlo.
Pero la isla, la sociedad, la calle, va por otros derroteros. Y le indigna ver cómo un informe policial de la Udyco confirma que el ex alcalde de Yaiza gastaba cientos de miles de euros que nada tenían que ver con su salario de cargo público. O que atracaba "gratis" un yate en el puerto deportivo Marina Rubicón, porque al parecer no se le cobraba. O que, en este caso en la Operación "Unión", se pillara "in fraganti" a dos personas con 100.000 euros que procederían de una comisión ilegal.
Evidentemente, no todos los procesos judiciales terminan en condena, y hay imputados que después resultan absueltos, y por ello está reconocido el derecho a la presunción de inocencia. Pero cuando hablamos de pruebas concretas, de escuchas telefónicas más que comprometedoras en el caso "Unión", o de datos del patrimonio de Reyes y de su entorno tan contundentes como para haberle llevado a empezar a hablar y a dar nombres de empresarios que le habrían "ayudado", como él dice, lo que la sociedad lanzaroteña tendría que hacer, con los políticos honrados al frente, es quitarse el sombrero ante el trabajo realizado por los magistrados de estos dos juzgados, por el Ministerio Fiscal y por los agentes de la UCO de la Guardia Civil y de la Udyco de la Policía Nacional, así como ante todos los secretarios judiciales y personas que hayan permitido llegar hasta este punto.
Lo más llamativo de todo esto es que las noticias impactan, pero no sorprenden. Muchos las reciben comentando que todo esto no es nada que no se supiera, que era "vox populi" y que todos sabían lo que se cocinaba en algunos ayuntamientos o en los despachos de algunos políticos o de algunos partidos. Sin embargo, han hecho falta muchísimos años para llegar hasta aquí. Para conseguir no ya pruebas, sino incluso confesiones de los imputados. Para que quien ha concedido decenas de licencias ilegales, se desmarque de la "teoría del papelito", que juraba y perjuraba que los hoteles y grandes complejos declarados ilegales sólo tenían "pequeños defectos de forma" y que el Cabildo se había empeñado en buscarle cinco patas al gato.
Ahora, no es un medio, ni un partido, ni un fiscal. Ahora, ni siquiera es un juez. Ahora ya es el propio Reyes el que desmonta de cuajo esa teoría, y confirma que aquí se estaba hablando de mucho más que de "papelitos".
Sin embargo, sigue habiendo políticos, empresarios y hasta medios de comunicación que prefieren seguir sin ver, sin enterarse. Que intentan silenciar lo que ya son hechos públicos, tras el levantamiento del secreto de sumario en el caso de la presunta trama para la concesión de licencias ilegales.
Y resulta curioso ver cómo los mismos que afirman que la jueza ha encontrado "indicios suficientes" contra el presunto asesino de Benjamín Santana como para decretar su ingreso en prisión provisional, no subrayan también la existencia de esos "indicios suficientes" contra José Francisco Reyes. Y eso que fue la misma magistrada, María Dolores García Benítez, la que intervino y decidió en ambos casos.
Lanzarote, gracias a la Justicia, está dando pasos fundamentales en el último año, pero esto no ha concluido. Ahora, es cuando realmente empieza a buscarse el verdadero fondo. Cuando los tribunales intentan entrar a los verdaderos nidos de poder que incluso traspasan las fronteras de la isla. Y que desde luego, con todos los medios a su alcance, intentarán acallar, tapar e incluso contraatacar con todas sus armas. Pero de momento, las personas que están a cargo de las dos mayores operaciones contra la corrupción en Lanzarote, están dando muestras de que están dispuestas a seguir librando esta batalla.
