Los cambios en los Juzgados de Arrecife, y más concretamente en los Juzgados de Instrucción Número 2 y Número 5, no van a frenar la lucha contra la corrupción en la isla. Eso ha quedado claro en los últimos días, con un nuevo ...
Los cambios en los Juzgados de Arrecife, y más concretamente en los Juzgados de Instrucción Número 2 y Número 5, no van a frenar la lucha contra la corrupción en la isla. Eso ha quedado claro en los últimos días, con un nuevo impulso en el caso Reyes de la mano de la juez que ha asumido ese Juzgado, en sustitución de María Dolores García Benítez, y también con la confirmación de que César Romero Pamparacuatro continuará con la instrucción del caso "Unión", a pesar de su traslado a Tenerife.
Sin embargo, esta semana también ha vuelto a hacerse evidente el enorme lastre que han dejado los desmanes políticos en todos los terrenos, y en particular en el urbanístico. Es el caso del Plan Parcial Playa Blanca, que constituye una de las mayores aberraciones llevadas a cabo por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Y es que aquí no sólo hablamos de incumplimientos de la legalidad, o de agresiones medioambientales, sino también de un enorme perjuicio a ciudadanos de a pie que nada tienen que ver con licencias ilegales, grandes negocios inmobiliarios o atropellos urbanísticos. Personas que se hipotecaron para comprar una vivienda, y ahora se encuentran con una casa ilegal de la que no saben cuál será su futuro.
Algo que sí debían saber el ex alcalde de Yaiza y sus "asesores" cuando, a pesar de las advertencias del Cabildo, empezaron a otorgar licencias para construir en un plan parcial que estaba extinguido. Como en tantos otros casos, la Corporación tuvo que acudir a los tribunales, que en su momento ya le dieron la razón, y ahora además han ordenado que se ejecute la sentencia que declaró nulo de pleno derecho el Plan Parcial Playa Blanca.
Ahora, el Ayuntamiento de Yaiza tiene diez días para cumplir este mandamiento judicial, y desde luego por delante se plantea un escenario más que complicado. Y es que aunque las medidas cautelares evitaron la construcción de más de la mitad de las viviendas que estaban previstas, lo cierto es que en pie y habitadas ya hay unas 400 casas con sus respectivos propietarios, que llevan años reclamando una solución a las instituciones, que al menos aclare el panorama de estas viviendas.
Y es que el tema no es nuevo, aunque ahora está de máxima actualidad y ya es ineludible dar respuestas. Por un lado, la de quienes tienen en sus manos definir qué hacer para reestablecer el cumplimiento de la ley en esa zona. Por otro, la de quienes tienen que explicar por qué la incumplieron en su momento: tanto el ex alcalde y los funcionarios municipales como los promotores. Y todos ellos, están teniendo que dar esas respuestas también en los Juzgados.
De hecho, la misma semana en la que se ha conocido la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto al Plan Parcial Playa Blanca, algunos de sus promotores han tenido que comparecer ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife para declarar en calidad de imputados, dentro del proceso penal abierto desde hace casi cuatro años. Un proceso que parte de una lógica aplastante: tuvo que haber algún motivo detrás de la concesión masiva de licencias ilegales por parte de José Francisco Reyes. Y a ese motivo que muchos sospechaban, le ha puesto nombre esta causa judicial: presunto cohecho. Es decir, pago de sobornos.
El propio Reyes lo admitió tras su detención hace casi un año, cuando llegó a confesar haber recibido dinero a cambio de la concesión de licencias ilegales, tanto hoteleras como residenciales, citando expresamente el Plan Parcial Playa Blanca y establecimientos como el Papagayo Arena, entre otros. Un mes después, eso sí, se retractó de su confesión, y los empresarios a los que involucró también han negado las acusaciones que pesan sobre ellos. Sin embargo, todos continúan imputados, en un proceso que cada vez está más cerca de arrojar la luz que necesita Playa Blanca desde hace años.
