Se puede compartir o no la causa saharaui. Se puede discrepar de las históricas reivindicaciones de este pueblo. Se puede incluso defender el derecho de Marruecos a no dejar entrar a una persona que, según alegan, rellenó el ...
Se puede compartir o no la causa saharaui. Se puede discrepar de las históricas reivindicaciones de este pueblo. Se puede incluso defender el derecho de Marruecos a no dejar entrar a una persona que, según alegan, rellenó el formulario de ingreso poniendo Sáhara Occidental como nacionalidad, pese a que en su pasaporte figura que es marroquí, porque el Sáhara no está reconocido como Estado. Pero lo que no se puede hacer es afirmar, como hizo el ministro Moratinos, que España se ha limitado a "facilitar" la entrada en España de Aminatou Haidar. Eso, resulta tan absurdo como insultante.
A Aminatou no se le facilitó la entrada en España, porque ella no quería entrar en este país. Ella sólo quería regresar a El Aaiún, donde residen sus hijos y su familia. Ella, por más que el Gobierno español intente mirar para otro lado disfrazando la realidad, fue expulsada por Marruecos, para quien resulta un personaje incómodo. Incómodo por su lucha desde dentro, pero también por su proyección internacional, que le ha valido varios premios.
Y ante esto, España sigue con el mismo discurso ambiguo que viene manteniendo durante años, pese a que su papel fue clave en el origen de este conflicto, cuando hace 30 años abandonó los territorios ocupados del Sáhara dejándolos en manos de Marruecos. Y si a eso le sumamos la política errática del actual Gobierno, se dan todos los ingredientes para que la situación de Aminatou pueda enquistarse eternamente, ante el silencio del Estado y de sus representantes en Canarias, incluyendo también al director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote.
Sin embargo, en este caso, el tiempo juega en contra. Y es que más allá de lo que esta activista saharaui pueda resistir instalada en el suelo del aeropuerto, la huelga de hambre que inició el pasado domingo hace que cada día que pasa sin resolver esta situación sea un auténtico peligro. Ella lo ha dejado claro: está dispuesta a morir si no la envían de vuelta a su país. Y la respuesta: el silencio.
Y ante semejante órdago, el Estado tendría derecho a plantarse y no entrar al juego de las presiones. A fijar una postura clara y atreverse a decir que no comparte la causa de esta mujer, que Marruecos tiene razón, que han llegado a un acuerdo con ese país para esta expulsión, que no está dispuesto a buscarse un enemigo en su enigmática política internacional... En definitiva, podría mojarse y explicar a todos los españoles y al mundo entero cuál es su postura ante este conflicto.
Pero en lugar de eso, intenta confundir a la opinión pública o engañarse a sí mismo. O quizá, simplemente, el Gobierno estaba demasiado ocupado con el derroche estratégico y táctico que han desplegado en el caso del Alakrana, como para centrarse en nuevos frentes.
Y mientras tanto, en Lanzarote se está conviviendo día a día con este drama. Con esta mujer instalada en un aeropuerto, que hasta el pasado miércoles era desalojada cada noche por la Guardia Civil. Con una persona que lleva ya días en huelga de hambre, y cuya salud puede pasar factura en cualquier momento.
Probablemente, sabían dónde la mandaban. A fin de cuentas, Lanzarote está muy lejos, y así parece más fácil "aparcar" el problema. Pero más lejos o más cerca, el problema está ahí, y no va a desaparecer por más que el gabinete en pleno de José Luis Rodríguez Zapatero se tape los ojos.
¿Qué van a salir a decir si le ocurre algo a Aminatou Haidar? ¿Que ellos sólo "facilitaron" su entrada en España? Sea lo que sea, el Gobierno debe hacer algo. Debe actuar y tomar partido. Debe demostrar que es capaz de gestionar las crisis o los conflictos con otros países. Porque en este caso, la situación no se va a resolver pagando rescates a los piratas.
