El factor R hace referencia a la capacidad de multiplicación de un contagio en otros individuos. Esta variable, restringida hasta hace poco al ámbito de la jerga epidemiólogica, se ha vuelto de dominio público en plena distopía pandémica.
Sobre este término que ahora tanto manejamos bien podría hacerse una analogía aplicada al sector turístico. En esta ficción semántica, la R turística reflejaría la capacidad de multiplicación de una plaza turística en un destino a lo largo del tiempo, hasta que éste llega al punto de la saturación irremediable. Una R turística alta se manifiesta en que la construcción invade los espacios naturales, obliga al sobredimensionamiento de infraestructuras y servicios, multiplica exponencialmente los vehículos en circulación y, lo que es peor, provoca un exceso de oferta que inevitablemente acarrea paro y pobreza.
Apostar por una R turística baja no significa en absoluto soslayar las ventajas de un sector turístico pujante. Significa centrarse en la calidad por encima de la cantidad, en la singularidad frente a la estandarización, en la innovación frente a la producción en masa y, en definitiva, en la captación de turistas más "sostenibles" y de un mayor poder adquisitivo.
En Lanzarote este concepto no es nuevo. El Cabildo insular fue ya pionero en los años 90 diseñando una moratoria turística que logró paralizar la construcción de decenas de miles de plazas turísticas. Pese a las críticas y ataques recibidos, parece innegable que logró al menos que la isla esté a día de hoy mucho menos saturada que otros destinos competidores y mantenga buena parte de su genuino atractivo. No obstante, algunas localidades insulares sufren de manera indeleble las consecuencias de una R excesiva durante décadas, en forma de pérdida de atractivo, exceso de construcción, carencias de servicios públicos, bajo nivel adquisitivo de sus habitantes y alta tasa de desempleo.
Una R turística alta provoca inevitablemente la vulgarización del destino, un escenario de precios bajos, la incapacidad para atraer turismo de alto nivel adquisitivo y, lo que es más grave, la inviabilidad para posicionarse en el segmento que a buen seguro será el de mayor importancia en los próximos años, el de los demandantes de destinos sostenibles, no masificados y respetuosos con el medio ambiente.
La población de Lanzarote siempre tuvo una especial sensibilidad medioambiental e incluso su primera institución fue capaz de arbitrar herramientas para contrarrestar una R turística alta. En estos tiempos lo veo mucho más difícil. Si bien la coyuntura económica y sanitaria y la mayor posibilidad de consensos podrían jugar a favor, la inexistencia de una estructura organizativa para hacer frente a tan complejo reto resulta un obstáculo formidable. Bien se encargó el anterior presidente cabildicio, más papista que el papa en su defensa de los depredadores urbanísticos, de dilapidar toda estructura que pudiera contribuir a la defensa del territorio.
Quizá el Covid-19 ha dejado más en evidencia que nunca la necesidad de adoptar modelos que huyan de la masificación turística. De hecho, Mallorca acaba de anunciar su intención de frenar el turismo masivo, estableciendo un límite máximo de camas turísticas que obligará a eliminar 120.000 plazas "a medida que vayan quedando obsoletas", tal y como informaba La Vanguardia. También prohibirá el alquiler vacacional en las zonas más saturadas y establecerá importantes limitaciones para la actividad en suelo rústico, justo al contrario de lo que el Gobierno de Clavijo impulsaba en Canarias a través de la Ley del Suelo.
Está por ver si Lanzarote puede volver a ser punta de lanza en la lucha por un modelo turístico sostenible. Para ello hace falta convicción, capacidad de establecer consensos, colaboración a nivel empresarial e impulsores decididos y capacitados. A los que lo hicieron en el pasado ya se les sometió a la trituradora mediática y política. Falta por ver si ahora pueden tener reemplazo.
