Pese al ruido ensordecedor y plagado de bulos que introduce la extrema derecha en el debate político, aumenta sin cesar el número de personas que piensan que nuestro Gobierno comienza a estar a la altura de la agenda legislativa del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ya es difícil, porque aquella legislatura alumbró leyes muy innovadoras como la del matrimonio homosexual, el divorcio exprés, la de violencia de género o leyes de dependencia, igualdad y memoria histórica.
Una nueva iniciativa ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados hace unos días. Me refiero al Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que logró superar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que pedían su devolución. Aunque a algunos parece que les molesta que los más ricos paguen más impuestos, la tasa Tobin seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda donde se debatirán las enmiendas parciales registradas por los distintos grupos políticos.
Hay quien lo tilda de ocurrencia del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Falso. Hace casi diez años que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que apremiaba a la Comisión Europea a implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras basado en la tasa Tobin. Un amplio grupo de países europeos aprobaron adoptar la tasa, España entre ellos, pero no la habíamos aplicado hasta ahora. Lógico: gobernaba la derecha. Así que a iniciativa de un Gobierno progresista, llegó el momento de que las transacciones financieras contribuyan con Hacienda.
Según las estimaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el nuevo tributo se prevé recaudar 850 millones de euros. Esto es así porque la tasa Tobin gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas, siempre que sean empresas cotizadas y que su valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. Para entendernos, este impuesto tan solo lo pagarán las personas que compren acciones de alguna de la 34 de las 35 sociedades del Ibex, todas ellas grandes empresas, quedando dispensadas las demás compañías que no alcancen dicho valor.
Pero, ¿quiénes compran y venden acciones de empresas del Ibex? No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la inmensa mayoría de la población quedará al margen de este impuesto, porque las clases medias y trabajadoras de nuestro país no se pueden permitir el lujo de invertir en Bolsa. Además, resulta que quienes pueden hacerlo solo tributarán el 0,2% de las operaciones realizadas con alguna de esas 34 sociedades. Para hacernos una idea, el 0,2% de mil euros son 2 euros. De esto estamos hablando para poner en antecedentes a los proclives a rasgarse las vestiduras cuando hablamos de impuestos para financiar el estado del bienestar.
Lo que no puede ser es que cualquier ciudadano pague impuestos indirectos como el IVA, o el IGIC en las Islas Canarias, por comprar casi cualquier cosa mientras que quienes adquieren acciones no pagan ningún impuesto. Esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, que unos pocos disfrutan de unos privilegios inaceptables, como ha señalado la ministra de Hacienda, y es hora de ponerle remedio. ¿Es mejorable este Proyecto de Ley? Seguramente, como todo en la vida, pero lo que no es discutible es que vamos a dar un paso hacia una fiscalidad más justa a la vez que frenaremos prácticas financieras especulativas.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
