Hay decisiones políticas que uno puede comprender. Y luego están esas otras que llegan con porcentaje exacto, gesto institucional y un “es necesario” dicho con solemnidad: subir el agua un 15%.
El Cabildo de Lanzarote, junto a los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y Tinajo, ha decidido que el problema del agua en la isla se resuelve encareciéndola. Porque cuando algo no funciona como debería, parece que lo más sencillo es trasladar el coste al ciudadano.
En Lanzarote no pedimos milagros. Pedimos agua. Agua constante, con presión, sin cortes inesperados. Sin incertidumbre cada vez que se abre el grifo. Sin embargo, la realidad habla de interrupciones frecuentes, agricultores preocupados y vecinos que pagan por un servicio que no siempre reciben en condiciones óptimas.
Antes de hablar de eficiencia, revisión de contratos o responsabilidades técnicas, se habla de subir tarifas. Como si el problema fuera que hasta ahora pagábamos poco. Como si el déficit estructural del sistema fuera consecuencia de la generosidad ciudadana.
El agua no es un lujo. Es un servicio esencial en una isla donde cada gota tiene valor estratégico, social y económico. Un 15% puede parecer un dato técnico en una mesa de despacho, pero en la economía doméstica y en sectores como la agricultura o la pequeña empresa tiene un impacto muy real.
La pregunta clave es sencilla: ¿qué mejora concreta se garantiza al ciudadano a cambio? ¿Habrá menos cortes? ¿Más presión? ¿Una red más eficiente? ¿Un sistema más transparente?
Si la gestión sigue igual, lo único que habrá aumentado será el importe del recibo. Gobernar no es únicamente cuadrar números; es asegurar que lo esencial funciona antes de pedir un esfuerzo adicional a la ciudadanía.
La ciudadanía de Lanzarote necesita certezas. Necesita abrir el grifo y que salga agua sin preguntarse si ese día habrá suministro. Necesita confiar en que cada euro que paga se traduce en mejoras reales.
Antes de subir el precio del agua, tal vez habría que hacer que fluya la responsabilidad.
