Ya tenemos hasta el abogado. Para los que se indignaron con el artículo que publicó meses atrás el diario El País, bajo el título "Una Marbella emerge en Lanzarote", la actualidad judicial está dando un baño de ...
Ya tenemos hasta el abogado. Para los que se indignaron con el artículo que publicó meses atrás el diario El País, bajo el título "Una Marbella emerge en Lanzarote", la actualidad judicial está dando un baño de evidencia. Las cantidades económicas serán otras y también el numero de imputados, pero tanto en esta isla como la ciudad marbellí se ha destapado una trama dedicada a la corrupción urbanística, con la imputación de políticos, empresarios, técnicos municipales y hasta abogados.
En realidad, lo que se puso sobre la mesa entonces fue lo que muchos en Lanzarote se esforzaban por ocultar. Lo que ahora está empezando a salir a la luz. Y al margen de comparaciones sobre si en la localidad andaluza se ha logrado consumar un mayor desastre territorial, lo cierto es que el eje central es exactamente el mismo: unas instituciones viciadas por políticos corruptos y por empresarios dispuestos a sobornar y delinquir para conseguir sus objetivos.
Y en el caso de Lanzarote, esos objetivos pasaban por obtener licencias ilegales y sacar adelante planes parciales, pero también por lograr adjudicaciones de obras, agilización del pago de facturas o cualquier otro asunto que tuviera que ver con la administración, como también puso de relieve la Operación "Unión". Y es según la investigación del caso Reyes y la que corre a cargo de César Romero Pamparacuatro, para algunos todo podía estar en venta.
Por eso, llevarse las manos a la cabeza cuando se compara a Lanzarote con Marbella, marcada por el caso Malaya, sólo era querer negar una realidad que por fin están destapando ahora los Juzgados de instrucción Número 2 y Número 5 de Arrecife.
En lugar del GIL, teníamos el PIL, un partido que también gira en torno a la figura de una persona. Jesús Gil en un caso, Dimas Martín en el otro. Políticos populares entre el pueblo, pero más que polémicos en su gestión y con condenas judiciales a sus espaldas. Y en el caso de Dimas, controlando el partido incluso desde el Centro Penitenciario de Tahíche.
Teníamos una localidad turística, Playa Blanca, que en poco tiempo multiplicó su número de camas, en este caso bajo la sombra de José Francisco Reyes y, según la imputación que ha realizado la jueza, con la presunta colaboración del secretario del Ayuntamiento, de un técnico municipal y del abogado Felipe Fernández Camero, supuesto nexo entre los empresarios y el Consistorio de Yaiza.
Teníamos un Cabildo que, al igual que la Junta de Andalucía, se llevó las manos a la cabeza al ver lo que se estaba haciendo a sus espaldas desde un Consistorio. En el caso de la institución lanzaroteña, recurrió reiteradamente a los tribunales. En el caso de la andaluza, logró incluso retirarle al Ayuntamiento las competencias en materia urbanística, una vez que se empezó a destapar la trama.
Decir que "una Marbella emerge en Lanzarote" no es hablar de comparaciones estéticas, medioambientales o económicas. Simplemente, es reflejar que si la corrupción campaba a sus anchas en esa localidad andaluza, esta isla no se quedaba atrás. Y por si tuviéramos pocos ingredientes que lo demuestran, ahora ya tenemos hasta a uno de los abogados del caso Malaya, Pablo Luna, que además de defender a la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, llevará también la defensa de José Francisco Reyes. ¡Será por dinero!
Así que con dos tramas de corrupción en Lanzarote sobre la mesa, medio centenar de imputados entre ambas, rastreo de dinero en busca de posibles paraísos fiscales, familias enteras detenidas e imputadas, cual si de Julián Muñoz y su ex mujer se tratara, y hasta un abogado de esa causa, lo único que nos falta es la tonadillera de Cantora para completar el cuadro.
Pero a falta de la Pantoja, cuyo rol todavía no ha sido cubierto, el resto de los elementos están ahí. Incluido el primer enfrentamiento entre los imputados, con el anuncio de una querella contra Reyes por parte de Ignacio Díaz de Aguilar, y el supuesto intento ahora del ex alcalde de Yaiza de dar marcha atrás en su declaración, después de haber dado nombres y apellidos de los empresarios que supuestamente compraron sus favores.
Y todo ello, ante una sociedad que se mueve entre la indignación al confirmar lo que ha venido ocurriendo en la isla en los últimos años, y la satisfacción porque la Justicia esté actuando por fin con todas las consecuencias.
