A pocos meses de las elecciones y cuando ya tiene decenas de pleitos judiciales abiertos con el Cabildo y un hotel, el Papagayo Arena, en trámites de expropiación para ser demolido, el alcalde de Yaiza se ha lanzado al más ...
A pocos meses de las elecciones y cuando ya tiene decenas de pleitos judiciales abiertos con el Cabildo y un hotel, el Papagayo Arena, en trámites de expropiación para ser demolido, el alcalde de Yaiza se ha lanzado al más difícil todavía, autorizando la construcción de un complejo residencial en Playa Blanca con capacidad para casi tantos habitantes como el pueblo entero de Tinajo.
Desde la primera Corporación de la isla se temían que algo así podría suceder y, precisamente por eso, el pasado mes de noviembre aprobaron en pleno la paralización cautelar de todos los planes parciales, para evitar que los ayuntamientos autorizaran nuevas camas residenciales mientras se tramitaba el Plan Territorial Especial.
Pero esa suspensión urbanística, al igual que el Plan Insular de Ordenación del Territorio, no es suficiente para parar los pies a José Francisco Reyes.
De hecho, una vez más ha vuelto a saltarse a la torera todas las normas urbanísticas establecidas para la isla y, sobre todo, ha vuelto a ningunear al Cabildo, insistiendo en su filosofía de que la institución que representa a todos los lanzaroteños no tiene ni arte ni parte en el desarrollo de Yaiza. Y aunque ya hay sentencias judiciales firmes que le obligan a informar al Cabildo de todas las licencias que concede, José Francisco Reyes también ha vuelto a pasar por alto este pequeño detalle.
Y aunque esto no sea una novedad ni para la primera Corporación ni para los Tribunales, que en varias ocasiones han tenido que instarle a entregar las licencias, esta vez Reyes se ha superado a sí mismo, porque la concesión de esta nueva licencia en Playa Blanca, otorgada el pasado mes de diciembre, supone el mayor desafío a la legalidad urbanística que se ha hecho en la isla en los últimos años, al menos desde la aprobación de la moratoria.
Y es que por más que desde el Ayuntamiento sureño se empeñen en ir por libre, y sigan afirmando que ni el PIOT, ni la moratoria, ni la suspensión de los planes parciales tienen validez legal, y mantengan pleitos judiciales contra todas estas herramientas urbanísticas, lo cierto es que hasta la fecha es la normativa que hay, y ni el mismísimo Reyes debería ponérsela por montera. De hecho, si tan convencidos están el alcalde y los técnicos del sur de que pueden ordenar a su antojo el municipio, y de que tienen licencia ilimitada para construir, lo que no se entiende es el secretismo con el que vuelven a llevar a cabo esta operación.
Porque incluso dejando a un lado todas las leyes y normas que se han ido aprobado en esta isla para intentar preservar el territorio y frenar la construcción desmedida, lo cierto es que una operación de este calibre, que implica autorizar de un plumazo, sin un plan parcial ni nada que se le parezca, una obra para construir más de 1000 viviendas y 220 locales comerciales, no puede tramitarse a "escondidas", como si se tratara de un negocio privado entre el alcalde y el promotor.
Una actuación así, además de un escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente, requiere la máxima transparencia y desde luego exige la máxima intervención de las posibles administraciones implicadas, porque se trata de una operación que si se mantiene "a oscuras", máxime con la que está cayendo en toda España con temas vinculados al urbanismo, transmite de todo menos confianza.
Y si realmente José Francisco Reyes está convencido de que Playa Blanca debe convertirse en un pequeño Hong Kong y sumar de golpe y porrazo otros cuatro mil habitantes, en una zona que no está catalogada como suelo urbanizable y que ni siquiera está preparada para albergar viviendas, lo menos que debería hacer es explicarlo públicamente, y no autorizarlo en silencio como si las instituciones superiores, los ciudadanos de la isla e incluso sus propios votantes no tuvieran nada que ver con esta historia. Y menos, cuando la legislatura está a punto de llegar a su fin y podría estar hipotecando no sólo el futuro de Playa Blanca, sino el del próximo Consistorio y el de toda la isla.
