Podríamos decir que hemos ganado, pero no es así. No debería ser la batalla de una sola familia, ni de una asociación liderada por una persona valiente, Elsa Betancort, porque hay muchas más en estos momentos que se encuentran en situaciones duras, complicadas, o incluso como esta… desesperadas. El problema que ha vivido la familia de Messaoud a lo largo de este año les ha llevado al límite, teniendo que exponerse socialmente para conseguir el apoyo y, finalmente, una solución. La vergüenza de esta exposición social no hay que tomarla a la ligera.
Messaoud llega a Lanzarote en 2002 y desde ese entonces se pone a trabajar en la hostelería. Más tarde llega su mujer, Saadia Bourajaa, con la que tiene a sus tres hijas, de 4, 11 y 13 años. Mientras trabajaba tuvo un accidente del que no puede reponerse que da lugar a una pensión de 720 euros, con la que ninguno de nosotros podría hacer frente para pagar un alquiler, poner comoda en la mesa, tener agua y luz… hacer frente a la supervivencia.
Luego, en plena época dura de la pandemia, reciben aviso verbal de que han de abandonar su vivienda, así que empiezan a buscar pero se topan con unos precios y requisitos en la vivienda lanzaroteña imposibles de afrontar. Tras unos meses de angustia llegan las notificaciones, el juicio y la sentencia de que deben abandonar la casa, a pesar de no haber incurrido nunca en impago de la misma.
Todo este proceso es un ir y venir a diferentes entidades: los servicios sociales del ayuntamiento, del Cabildo, la Oficina de la Vivienda, el abogado, Ahinor, los medios de comunicación, el Consejero de Vivienda del Cabildo (que no nos atendió), o las propias administraciones locales, que en muchos casos alegan no poder hacer más de lo que permiten los procedimientos.
Es Elsa Betancort la que lleva este caso de la mano a los medios y al Gobierno de Canarias, y así, a través de reuniones con la coportavoz de Verdes Equo Canarias, Ester Gómez, ha conseguido que la propia Consejería autonómica la que se comprometa a ofrecer una ayuda económica, el pago del alquiler durante un año, renovable hasta cuatro, y el de los gastos de luz, agua e Internet hasta un máximo de 200 euros. Esta alternativa es la que se les dará hasta que haya una vacante libre en el parque de viviendas sociales, o se termine la construcción de las que están en proceso.
Este tipo de ayudas no se pueden proporcionar a cualquier persona; son ayudas puntuales a las que solo pueden acceder familias en situación de extrema vulnerabilidad, como el caso de la familia de Messaoud, donde el padre arrastra una incapacidad permanente a raíz de un accidente laboral, por el que no ha cobrado ningún tipo de indemnización, además de la enfermedad de una de sus hijas.
Esta es sin duda una victoria a la batalla de la crisis de la vivienda que se ha encrudecido con la pandemia en la sociedad lanzaroteña. ¿No deberían las administraciones hacer su trabajo para que estas situaciones de vulnerabilidad total no se den una sociedad como la nuestra? Las instituciones de cercanía han fallado, y ahora solo se está a la espera de que llegue la siguiente familia en crisis habitacional para seguir luchando. Mientras, todos respiramos aliviados porque la familia de Saadia Bourajja no se verá en la calle.
