Se puede aceptar que inflen las cifras de participación en la huelga, que multipliquen el número de manifestantes, que salgan a la calle contra las medidas del Gobierno pero intentando no molestar demasiado a su presidente, o incluso ...
Se puede aceptar que inflen las cifras de participación en la huelga, que multipliquen el número de manifestantes, que salgan a la calle contra las medidas del Gobierno pero intentando no molestar demasiado a su presidente, o incluso que exageren su optimismo tildando de "éxito" la huelga general, pero lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras es que nos hayamos acostumbrado a la aberración que suponen los supuestos "piquetes informativos".
Romper cristales no es informar. Bloquear el paso a guaguas y camiones no es informar. Mandar a un conductor al hospital porque inhaló gases tóxicos después de que alguien echara un líquido en su guagua, desde luego, no es informar. Sin embargo, todo eso sucedió este miércoles en España, bajo el amparo de los sindicatos y de lo que, de forma tan eufemística como inaceptable, se denomina "piquetes informativos".
En Lanzarote, afortunadamente, no se llegó a esos extremos. No hubo uso de la violencia, pero desde luego sí se puede hablar de actos de extorsión. Y es que la amenaza tiene muchas formas de manifestarse. Y desde luego, que 50 piqueteros se metan en un pequeño comercio o en un bar, haciendo sonar silbatos, espantando a los clientes e intimidando a los que allí trabajan, tampoco es informar.
Gritar "¡que cierre!, ¡que cierre!", o "¡no nos vamos, hasta que cierre!", en un coro de decenas de personas mientras otras tantas esperan fuera, porque ya no cabe un alma en el local, es una extorsión en toda regla. Y, "curiosamente", no se hizo en ningún medio de comunicación, ni en las comisarías, ni en el Palacio de Justicia, donde la huelga ni siquiera existió. Se hizo, sobre todo, en pequeños comercios. Y lo peor es que eso ocurrió en pleno centro de Arrecife, ante la indiferencia de las fuerzas de seguridad.
La Policía Nacional y la Local estaban allí, pero no hicieron absolutamente nada. Incluso, ante las quejas de los comerciantes, algunos agentes les recomendaban que cerraran sus puertas para evitar problemas. ¿Ésas son las garantías que nos ofrece nuestra sociedad, nuestro Estado de Derecho?
No hace falta que llegue la violencia para que los cuerpos de seguridad intervengan. La policía también debía velar por los empresarios y los trabajadores que no creían en la huelga o no se la podían permitir, o lo que fuera que les llevara a ejercer su legítimo derecho al trabajo. Y es que eso, es tan importante como el derecho a la huelga.
Afortunadamente, vivimos en un país con unas libertades. Y un ciudadano puede sindicarse, manifestarse y realizar una huelga si entiende que tiene motivos para ello. Y es necesario que así sea, como herramienta para evitar abusos empresariales o del Gobierno. Pero lo que no se puede hacer es obligar a nadie a sumarse a esa causa. ¿Cómo pueden hablar los sindicatos de porcentajes de adhesión a la huelga, si en algunos lugares la impusieron por la fuerza?
El balance general en España es que fue una jornada "tranquila" y casi "sin incidentes", a excepción obviamente de lo que sucedió en Barcelona, y que nada tenía que ver con la huelga, sino con grupos antisistema. Pero eso, no puede hacernos ver como algo natural el papel que juegan los piquetes.
En algunos casos, al menos en Lanzarote, representantes sindicales como César Reyes, secretario general de UGT, sí se han mojado y han cuestionado lo que sucedió en determinados puntos de la isla. Pero otros, insisten en justificarlo o restarle importancia. Y como decían ellos mismos en su slogan de esta protesta: "¡Así, no!".
Esta huelga general, que desde luego ha llegado muy tarde, y sería un milagro que sirviera realmente para frenar una reforma laboral que ya está aprobada, debería hacer reflexionar el Gobierno, pero también a los sindicatos.
Independientemente de lo que cada trabajador pueda compartir o no con Comisiones Obreras, con UGT o con Intersindical Canaria, tampoco se puede negar que el papel de las fuerzas sindicales es necesario en cualquier país. Pero lo que deben hacer es ganarse a los trabajadores, y no imponerles su criterio. Y el problema es que actualmente, muchos ciudadanos, incluidos ahora los funcionarios, a juzgar por la escasísima incidencia que tuvo la huelga en el sector público, se sienten demasiado lejos de ellos, y eso es lo que tienen que intentar corregir. Porque si lo que pretenden es recuperar su espacio a fuerza de imposiciones, van a caer precisamente en lo que critican. Definitivamente, así, no.
