Esta semana hemos conocido noticias muy negativas para España. A las pérdidas económicas derivadas de la tremenda devaluación del bolívar venezolano se suma la declaración de HSBC (un gran banco británico) poniendo en tela de ...
Esta semana hemos conocido noticias muy negativas para España. A las pérdidas económicas derivadas de la tremenda devaluación del bolívar venezolano se suma la declaración de HSBC (un gran banco británico) poniendo en tela de juicio el nivel de solvencia crediticia de España, el informe del Servicio de Estudios Económicos del BBVA adelantando que la tasa de paro aumentó levemente en el cuarto trimestre, y el artículo de la prestigiosa revista The Economist apuntando que la vivienda en España está sobrevalorada en un 55%. Noticias, todas ellas, que ahuyentan a los inversores y empeoran el acceso a la financiación para el sector público, las empresas y familias españolas.
El 2010, será un año durísimo no sólo para las personas en situación de desempleo o para las empresas en riesgo de quiebra sino también para el conjunto del sector público, muy especialmente para los gobiernos autónomos y las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos). Ambos se enfrentan a una caída de sus ingresos sin precedentes. Los primeros deberán mantener los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, justicia y seguridad) mientras que los segundos deberán mantener los servicios municipales básicos (centros socio-sanitarios, ayudas sociales, recogida de basura, alcantarillado, iluminación, parques y jardines, policía?).
Ante la resistencia a reducir gasto público, los niveles de deuda pública crecerán de manera espectacular durante el año 2010, hasta alcanzar niveles sin precedentes. Si tenemos en cuenta que los ingresos son inferiores al año pasado, el mantenimiento de los servicios antes mencionados sólo será posible si se acude en busca de financiación externa. Por ello es fundamental que los inversores (tanto nacionales como extranjeros) contemplen a la Comunidad Autónoma de Canarias como un valor seguro para depositar sus ahorros a cambio de una rentabilidad. Una adecuada valoración por parte de los inversores no bastará puesto que Canarias compite para captar financiación con el resto de comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco o Cataluña), el propio Estado, el resto de países o el resto de empresas o bancos con necesidades de financiación externa.
El coste del endeudamiento (ya sea vía préstamos, pólizas de crédito o títulos de deuda) será mayor a medida que el endeudamiento crezca (con ingresos decrecientes) y las agencias de rating califiquen a los gobiernos y empresas como valores menos seguros y a medio plazo a medida que la economía (y por ende el Euribor) se recupere. Por ello reclamo una profunda reflexión entre políticos y agentes sociales y económicos.
Los gobiernos tienen varias alternativas: reducir gasto, subir impuestos y/o aumentar endeudamiento. No debemos olvidar que en algún momento los inversores cerrarán el grifo del crédito al sector público y que el coste de la deuda lo tendremos que pagar todos los contribuyentes (y los descendientes) vía impuestos. Si consideramos que las subidas de impuestos son contraproducentes y que la recaudación del sector público no crecerá de manera significativa durante los próximos años, solamente no queda una posibilidad: ajustarnos el cinturón.
Por César Augusto Miralles
Doctor en Economía por la Universidad de Frankfurt
