Los Centros Turísticos tienen que reducir sus gastos y aumentar sus ingresos para ser viables. Parece una obviedad, pero es lo que viene a plantear el plan presentado esta semana por la consejera Ástrid Pérez, ocho meses después de ...
Los Centros Turísticos tienen que reducir sus gastos y aumentar sus ingresos para ser viables. Parece una obviedad, pero es lo que viene a plantear el plan presentado esta semana por la consejera Ástrid Pérez, ocho meses después de que asumiera el nuevo grupo de gobierno del Cabildo. El problema es que para sacar esa conclusión, no hacía falta ni media hora de análisis. Y es que la máxima de cualquier empresa para obtener beneficios está clara. El problema es cómo conseguirla, y ahí sí se ven serias carencias en ese Plan de Viabilidad que ha puesto en pie de guerra al Comité de Empresa y al Ayuntamiento de Haría.
Evidentemente, el Cabildo no puede seguir permitiendo la deriva que arrastran desde hace años los Centros Turísticos, que deberían ser una mina de oro y sólo son una fuente inagotable de pérdidas, debido al despilfarro y a la pésima gestión histórica a la que han estado sometidos. Y también es innegable que uno de esos agujeros negros está en el capítulo de personal.
Pero si no se puede cerrar los ojos ante esa realidad, menos aún se puede pensar que ésa es la única fuente de todos los males. Porque quienes han gobernado durante años los Centros Turísticos no han sido los trabajadores, sino los políticos. Y el derroche económico que se ha llevado a cabo al ir renegociando los convenios laborales es sólo una parte del despilfarro. Y ahora, con las vacas flacas y el descenso de turistas, se están pagando con creces todos esos excesos. Pero no los pagan los políticos, los pagan los ciudadanos de esta isla.
Por eso, está claro que es necesario adoptar medidas urgentes. Pero si éstas pasaran sólo por reducir las condiciones laborales de los trabajadores, no sería necesario un plan de viabilidad. Un documento de este tipo significa asumir que las reformas a acometer deben ser mucho más profundas.
Sin embargo, el texto presentado por el Cabildo, después de ocho meses de espera, se centra fundamentalmente en recortar gastos en dos ejes: los trabajadores y el canon que se paga a los ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza y al propio Cabildo.
En teoría, propone pagar una cantidad fija inferior a la actual, y abonar el resto en función de un porcentaje de los beneficios que obtenga la empresa. En la práctica, y considerando que los Centros Turísticos son seriamente deficitarios, a los ayuntamientos todavía les va a salir la cuenta a pagar. Y eso, sin pinchar ni cortar en la gestión. Sin ser responsables de lo que se hace o se deshace.
Y por si fuera poco, tampoco hay un plan de pago para la deuda millonaria que ya existe con los ayuntamientos por los años anteriores, y que sigue creciendo a día de hoy. Es más, se plantea que si quieren cobrar, "condonen" parte de esa deuda. Vamos, que se la perdonen.
En definitiva, y trasladándolo a la economía familiar, es como si una persona que debe varios meses de alquiler llama a su casero y le dice que sólo le va a pagar una parte y, además, le advierte que en el futuro, le abonará las mensualidades dependiendo de los ingresos que tenga o de lo que le sobre a fin de mes, si es que le sobra. Y todo esto, mientras le baja el sueldo a la empleada doméstica y le dice que trabaje más horas por día, porque en los últimos años han mejorado en exceso sus condiciones laborales, pero a la vez mantiene la televisión de pago en su casa y contrata a un asesor económico, un experto en finanzas y hasta un asesor de imagen para afrontar estos cambios.
De hecho, eso es lo que se ha hecho desde los Centros Turísticos, contratando tres nuevos directivos, además de empresas externas, que se suman a los que ya existían, mientras pide a los trabajadores y a los ayuntamientos que se aprieten el cinturón.
Y si al menos se viera un diagnóstico y un remedio claro, el gasto de esos nuevos sueldos resultaría menos gravoso. Pero si lo que tenemos sobre la mesa es sólo un plan de recortes, que hasta calcula el dinero que van a ahorrar no acometiendo obras en los Centros (esperemos que no se rompa ni se deteriore nada para no desequilibrar las cuentas), esos salarios duelen aún más.
Con decir que se va a aumentar la venta de entradas o de souvenirs, no basta. Y tampoco con plantear que van a ahorrar un 30 por ciento en compras a proveedores, si eso no está acompañado de un estudio real que lo sostenga, y explique exactamente dónde van a comprar y a qué precio para alcanzar ese ahorro.
Por eso, en la otra opción que se adivina en el documento podría estar lo que de verdad encierra todo esto: privatizar la gestión, al menos de la hostelería. Y es que se propone crear un comité técnico que estudie un "cambio en el modelo de gestión" de los Centros Turísticos, integrado no sólo por técnicos de la EPEL, sino también por personas "externas". Se ve que con seis directivos, más los asesores, no es suficiente.
Si la conclusión es que no son capaces de hacer viables los Centros, deberían dejarse de eufemismos y plantearlo con claridad, porque ése es otro debate, y los lanzaroteños tienen derecho a conocerlo cuanto antes y a participar en él. Y es que más allá de las opiniones encontradas que pueda despertar esta posibilidad, lo que habría que tener es una absoluta transparencia. Tanto diciendo qué es lo que se pretende exactamente, como aclarando en manos de quién o quiénes se puede llegar a dejar la decisión. Porque desgraciadamente, la isla tiene demasiadas malas experiencias como para dar votos de confianza ciega.
