El Partido Popular se volvió a quedar solo una semana más en el Senado. No es una novedad, es una constante en esta legislatura. Su soberbia y su incapacidad para dialogar con el resto de las fuerzas políticas les condenó, una vez más, a un aislamiento buscado por ellos mismos en el debate de un "decreto ómnibus" con el que modifican de un plumazo veintiséis leyes, entre ellas la que da luz verde a la privatización de la red de aeropuertos o la futura garantía juvenil, una de las herramientas más importantes para generar empleo entre los jóvenes.
La legislatura que se inició con la aplastante mayoría absoluta del Partido Popular será recordada como una de las más dañinas para el parlamentarismo de nuestro país. El muro que el PP ha erigido entre sus senadores y diputados y el resto de los fuerzas políticas ha impedido que, en casi tres años, haya habido la más mínima oportunidad de dialogar con quienes insisten en gestionar este país a golpe de decreto y actuando como una apisonadora en las Cortes.
El desfile militar de los proyectos de ley en ambas Cámaras se cierran siempre con el mismo guión: sin que el PP tienda puentes con el resto de los partidos y con el apoyo sin fisuras de aquellos diputados y senadores populares que, curiosamente, saben casi tanto como nosotros sobre los proyectos que redactan sus compañeros en el Gobierno. En su caso, no tienen ni siquiera la capacidad de contradecir a los miembros del gabinete de Rajoy. Si se salen de la foto, como ocurrió en su momento con un senador de León, son apartados de sus filas.
Hemos vivido situaciones insólitas en esta Legislatura, pero esta semana fuimos testigos de una de las más graves e inadmisibles de las que hemos sido testigos en nuestra democracia. El Partido Popular aprovechó su irrespirable mayoría para catapultar y bloquear todas las enmiendas presentadas por el resto de los grupos a un decreto que, como comentaba antes, modifica hasta 26 leyes a través de un procedimiento de urgencia impropio de un sistema democrático.
Pese a la sensibilidad y las consecuencias de muchas de las medidas que entrarán en vigor a través de este decreto exprés, como la exclusión social que se puede derivar de la nueva garantía juvenil, en la que se veta a las Comunidades Autónomas, o los efectos que tendrá la privatización del 49 por ciento del capital de AENA, el Partido Popular optó por el camino más corto: no debatir y bloquear todas las enmiendas que presentamos todos los grupos de la oposición con las que pretendíamos mejorar y corregir sus carencias.
Llevamos esperando once menes en el Congreso de los Diputados a que comparezca la ministra de Fomento para que explique el proceso de privatización de AENA. Once meses en los que ha decidido eludir sus responsabilidad de informar sobre su gestión y ha optado por la vía que más explotan en esta legislatura: la aprobación unilateral, sin debate previo, de todas sus reformas, incluidas aquellas que afectan directamente al desarrollo de Canarias.
El Ministerio de Fomento ha evitado poner sobre la mesa de las Cámaras en esta legislatura las distintas opciones que existen sobre cómo se debería gestionar la red de aeropuertos. Como en anteriores actuaciones, han diseñado y aprobado sus planes en reuniones reservadas a determinados sectores y en la que se ha vetado la presencia de las comunidades autónomas.
En su carrera en solitario para reformar toda la arquitectura legislativa y los modelos de gestión de las administraciones y las empresas públicas, el Gobierno del Estado ha dado un paso en falso al cerrar las puertas a las autonomías en el sistema de gestión, apostando por un modelo que supone un gravísimo error para el futuro de la red aeroportuaria. Como otras tantas veces, obvia que los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cataluña o País Vasco "asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa". Y los representantes de los tres territorios ya han advertido a Fomento que activarán sus respectivos Estatutos en el caso de que insista en mantener la senda que ha abierto para la privatización parcial de los aeropuertos.
Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración no coincidirán siempre con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, el trato diferenciado de los aeropuertos de El Hierro, La Palma y La Gomera, la ampliación de las pistas de Lanzarote y Los Cangrejos, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura o las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria.
Debatir es la esencia de la democracia pero, en esta legislatura, ha sido imposible con quienes han decidido aislarse para cambiar a su antojo los pilares del sistema de bienestar social, vaciar de derechos la legislación laboral, retroceder en igualdad y mover los hilos de las infraestructuras anteponiendo sus criterios partidistas al interés general.
No se equivoquen quienes piensen que la precipitada retirada de la reforma del aborto, la anunciada "regeneración democrática" o el raquítico aumento de las inversiones para 2015 (un 86% en Baleares frente a un ridículo 4% en Canarias) es el inicio de un cambio de ciclo. No, es simplemente que nos aproximamos a 2015, un año electoral en el que, si se cumple el guión establecido, los ciudadanos tendrán dos citas con las urnas: en mayo, las elecciones autonómicas y municipales, y en noviembre, las generales.
Narvay Quintero, senador por la isla de El Hierro
