Cuando uno piensa en un "ocupa", se imagina a un joven con melenas y aires hippies, que invade propiedades privadas casi como un modo de vida. Sin embargo, sorprende enormemente ver a un matrimonio sexagenario que con total ...
Cuando uno piensa en un "ocupa", se imagina a un joven con melenas y aires hippies, que invade propiedades privadas casi como un modo de vida. Sin embargo, sorprende enormemente ver a un matrimonio sexagenario que con total descaro se ha colado en una vivienda de Los Geranios, e incluso ejerce de anfitrión y recibe a la prensa en una casa que no es suya, admitiendo sin reparos que rompió la cerradura, se instaló allí y no tienen intención de marcharse, por más denuncias que hayan presentado los legítimos propietarios.
La historia del matrimonio en cuestión, que justifica su actitud explicando que el banco les embargó el piso en el que vivían y que no tienen dónde ir, puede despertar la solidaridad de algunos. Pero incluso obviando el hecho de que ellos mismos admiten que en los últimos años han comprado y vendido dos viviendas, incluyendo una de protección oficial en la misma zona donde ahora se han instalado como ocupas, lo cierto es que nada justifica la invasión de una propiedad privada ni el perjuicio que se causa a un tercero.
Si realmente sus problemas económicos son ciertos, sería la administración pública quien tendría que responder, pero no unos ciudadanos que nada tienen que ver con ellos.
Sin embargo, la ley parece que no lo tiene así de claro. En este tema, la legislación española va en contra de la lógica y del sentido común. Y es que aunque finalmente un juicio se encargará de poner las cosas en su sitio, hasta que éste se celebre, los dueños de una vivienda ocupada no pueden hacer absolutamente nada, y tienen que resignarse a ver cómo otras personas se instalan en su casa, utilizan sus muebles y violan su intimidad y sus derechos.
De poco sirve poner una denuncia o acudir a la policía, porque ésta no puede actuar hasta que se pronuncie un juez. Y eso, puede tardar al menos varios meses. Algo que alimenta una preocupante impunidad y da armas a las personas capaces de hacer cosas como ésta. Porque desgraciadamente, un hecho así no es la primera vez que se produce, ni será la última mientras no se cambien las leyes y se dé una respuesta inmediata a situaciones totalmente aberrantes.
Es como si un caco se cuela en nuestra casa a robar y en lugar de detenerle, la policía le deja permanecer dentro durante meses, prohibiéndonos la entrada, porque ha cambiado la cerradura y hay que esperar a que llegue un pronunciamiento judicial. ¿Realmente es tan difícil proteger la propiedad privada de los ciudadanos?
Si lo que le preocupa al Estado es el derecho de los ocupas a una vivienda, debería articular mecanismos para atender las necesidades sociales, y no permitir que éstas sean cubiertas a la fuerza a costa de otros ciudadanos y de sus bienes. ¿Se permitiría a un grupo de jóvenes o a una familia instalarse en el Congreso de los Diputados y cambiar la cerradura, haciendo del edificio su casa durante meses? La respuesta es obvia. Tan obvia como el dislate de una ley que, pese a que se modificó hace 15 años, ya que hasta entonces la ocupación ni siquiera era delito, sigue siendo totalmente insuficiente.
Incluso, el perjudicado debe demostrar que utiliza realmente como "morada" la casa en cuestión, porque sólo así al menos podrá denunciar los hechos como allanamiento. En caso contrario, sólo sería usurpación, que ni siquiera implica penas de cárcel. En definitiva, toda una invitación a olvidarse de alquileres e hipotecas y, con un poco de sangre fría, nervios de acero y falta de escrúpulos, ir asaltando viviendas ajenas, instalándose allí mientras dure, para pasar después a la siguiente víctima. Sencillamente, vergonzoso.
Y no es un problema de la Justicia, es un problema de las leyes que emanan de la política. Y es precisamente ese ámbito el que con éstas y otras acciones e inacciones, incluyendo la falta de dotación de medios humanos y materiales, debilita el que debería ser uno de los pilares de la sociedad: el poder judicial.
