Un acuerdo en el Parlamento Europeo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo (excepto el siempre más coherente Partido Socialista Francés) ha aprobado en primera lectura la Directiva Bolkestein. Ante la protesta masiva a la Directiva se ha aprobado sacando el polémico "principio de país de origen" (que permitía traer trabajadores de otros países y pagarles sueldos según su país de origen) pero, en realidad, no se evita el "principio de país de origen" ni se protegen los servicios públicos ante la implacable ley del mercado, porque estas cuestiones quedan a decisión de las muy ultraliberales Comisión Europea y Tribunal de Justicia Europeo. Tenemos que se apruebe definitivamente esta Directiva pues seria el mayor impulso hacia la desregulación laboral, deslocalización y privatización de servicios sociales que se ha producido nunca en Europa.
Una encuesta publicada el 17 de febrero por el Centre d'Estudis d'Opinió dependiente de la Generalitat de Catalunya ha descubierto que el 73,1% de los catalanes desea que mejoren los servicios públicos, aunque esto signifique un aumento de los impuestos. Supongo que en el resto del Estado la tendencia es más o menos la misma, y por esto me pregunto a quien representa el Ministro Solbes cuando defiende la Directiva Bolkestein con el argumento que el sector servicios está poco liberalizado. Exijo que el Ministro Solbes defienda los intereses de los ciudadanos del Estado español en las votaciones relativas a la Directiva, puesto que ahora el texto pasará al Consejo de la Unión Europea, y todavía faltará una ratificación en segunda lectura en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, los ciudadanos podemos firmar en www.stopbolkestein.org para demostrar que hay mucha gente que se informa y se preocupa por una cosa tan opaca e informativamente escondida cómo es la Directiva Bolkestein.
Jordi Oriola i Folch
