Lanzarote no aprende de los errores. O al menos, no aprenden sus representantes públicos. Eso es lo que ha quedado meridianamente claro con la nueva polémica abierta sobre una de las joyas más emblemáticas de la isla: Los ...
Lanzarote no aprende de los errores. O al menos, no aprenden sus representantes públicos. Eso es lo que ha quedado meridianamente claro con la nueva polémica abierta sobre una de las joyas más emblemáticas de la isla: Los Jameos del Agua. Un espacio que además de tener todo tipo de grados de protección cultural, natural y científica, es desde hace años uno de los símbolos de Lanzarote.
Está claro que algunos piensan que el patrimonio histórico son sólo piedritas viejas y que los espacios naturales protegidos serían un gran abono para que crezca el cemento pero, cuando hablamos de un centro turístico de este calibre, hubiera cabido esperar, al menos, un poquito de responsabilidad. Aunque fuera para variar.
Sin embargo, cuatro años después de que se iniciaran las obras del montacargas de Los Jameos del Agua, empieza a salir a la luz pública lo que ha venido pasando con esos trabajos. Y entre otras cosas, se ha llevado a cabo una "importante excavación" que no contaba con permisos y se ha hecho un hueco y una estructura para el ascensor más alta de lo que se había autorizado, con lo que resulta visible desde la superficie de Los Jameos.
Eso es lo que dice el contundente informe de los técnicos de Patrimonio del Cabildo, que obligó a paralizar las obras hace cuatro meses, y del que nada había dicho la institución hasta el momento. De hecho, el Cabildo ni siquiera hizo público que habían tenido que parar los trabajos. Semanas después saltó el tema a los medios, pero el secretismo y el misterio han rodeado a este asunto desde entonces.
Ahora, después de que La Voz de Lanzarote hiciera público esta semana ese informe, el que era gerente de los Centros Turísticos en aquella época, José Juan Lorenzo, asegura que lo que para Patrimonio es "una importante excavación no autorizada" son sólo unos "detalles" que no se incluyeron en el proyecto que se presentó para su autorización. Y que si los técnicos dicen que la estructura del montacargas supera la altura permitida, es porque están teniendo "un problema de interpretación".
Sin embargo, lo concreto es que esos "detalles" obligaron a parar las obras y ya van cuatro meses sin encontrar una salida, ni hay fecha para reanudar los trabajos. Y eso, además del daño que se pueda haber causado a este espacio protegido, es otro agravante imperdonable, porque ni siquiera se sabe cuántos meses o años más va a tener que seguir Lanzarote sin el auditorio de Los Jameos.
La Fundación César Manrique ya ha pedido que se depuren responsabilidades y el tema podría llegar a los tribunales, porque intervenir en un bien protegido sin contar con informes favorables o cambiando el proyecto sin autorización podría incurrir en un delito contra el patrimonio. El mismo por el que están imputadas tres personas, entre ellas Dimas Martín, en el caso de los baños de Los Dolores.
Y si eso sucediera, no faltará quien luego se rasgue las vestiduras, como sucede en el caso de los aseos de Mancha Blanca, asegurando que es una gran obra que ha venido a cubrir una necesidad. Pero el problema no es ése. El problema es que en esta isla parece que algunos se empeñan en hacer las cosas mal, pudiendo hacerlas bien, y en considerar la ley como un incordio molesto que no va con ellos.
Y así tenemos hoteles ilegales, viviendas ilegales, aparcamientos ilegales y hasta baños ilegales, y luego nos quejamos de que un medio nacional o extranjero venga a reflejar las vergüenzas de la isla. Porque al margen de la mala fe que pueda encerrar el reportaje publicado esta semana por el Financial Times sobre Lanzarote, y hasta lo que podría verse como un intento de abanderar una campaña para poner en riesgo el galardón de Reserva de la Biosfera que ostenta la isla, desgraciadamente el diario londinense también describe una esperpéntica realidad: la de una isla que presume de una bandera ecológica, pero que tiene funcionando hoteles ilegales, que encima habrían recibido financiación de la Unión Europea, y que en muchos casos están bajo sospecha de corrupción.
Ante esto, podemos cerrar los ojos y pensar que somos lo mejorcito a este lado del Atlántico, o empezar a entender de una vez que el camino no es el correcto. Las miserias que ha mostrado hasta ahora el caso "Unión" son sin duda el peor reflejo de lo que ha sucedido en la isla, ya que dibuja un desolador panorama en el que muchos habrían hecho de las instituciones su cortijo, entregando licencias o adjudicando contratos a cambio de presuntas comisiones y sobornos.
Pero en medio de ese clima, da la sensación de que se hubiera contagiado una especie de aversión total a la ley y a las normas establecidas. Y es que si hasta en las propias obras impulsadas por las instituciones se omiten informes, se abren infraestructuras sin las pertinentes licencias y se ejecutan proyectos que distan mucho de lo autorizado, el mensaje que se transmite es que en esta isla, los que cumplen la legalidad son sólo unos pobres infelices.
