Aunque resulte agotador y a poca gente le interese o resulte fácil de entender, tengo que hacer esto, por mi familia, por mis amistades y por tantísima gente que aún cree en mí y el proyecto político que represento.
En primer lugar, todos los contratos y pagos de INALSA durante el concurso solo podían ser aprobados y ordenados por los administradores concursales, pero nunca por la dirección política, que había sido sustituida al frente de la empresa por orden judicial, quitando de en medio al gobierno socialista que por entonces gobernaba en solitario y había hundido a la empresa pública a la que dejaron con más de 50 millones de euros de deuda.
Llevan ocho notas de prensa consecutivas que denotan la clara intencionalidad política de un relato rotundamente falso de principio a fin. Ni “INALSA ha pagado casi un millón de euros” a ningún abogado, ni “investiga nada” porque no es ningún juzgado, ni “el juzgado ha descubierto ningunas costas”, por la sencilla razón de quien impone costas es el juzgado y en este caso además han sido homologadas por ellos, ni puede haber “apropiación indebida” de dichas costas porque fueran “créditos a favor de la empresa pública”, porque dicha apropiación habría sido consentida no solo por el juzgado, sino que serían los propios administradores concursales –responsables de velar por dichos créditos– los que estarían no solo consintiendo, sino propiciando dicha apropiación indebida en la medida en que fueron ellos quienes impusieron el acuerdo de que los incidentes concursales “no tendrían coste alguno para INALSA o el Consorcio”, sino en todo caso para los perdedores si resultaban condenados en costas, tal y como han aclarado ya en sede judicial (documento 1).
Es igualmente falso, además de imposible, que el nuevo letrado nombrado por unanimidad del Consejo de INALSA para todo lo relacionado por proceso concursal (documento 2), cobrase por la fase común los trabajos ya realizados por el letrado al que sustituía, sencillamente también porque el cambio se produjo entre 2009 y 2010, y dicha fase común terminó en abril de 2012, dos años y medio después. Los pagos a Ignacio Calatayud de 86.000 euros por la fase común y 60.000 por la fase de convenio fueron abonados por la administración concursal, por la sencilla razón de que las facultades del Consejo de Administración de INALSA, y por tanto las mías, se encontraban suspendidas.
Por último, hasta la próxima nota claro, es falso que el Consorcio haya contratado a dedo al abogado por 300.000 euros (por cierto, que estarían dentro del inventado millón, engañando con lo mismo de mil maneras), porque se trata de un mismo incidente concursal que se presentó contra INALSA y el Consorcio, y que se encomendó lógicamente al mismo abogado, tal y como había acordado por unanimidad el Consejo de Administración de INALSA el mismo día en que este se constituyó, con idénticos miembros que el Consejo de Administración del Consorcio, constituido solo horas antes, y en las mismas condiciones que el resto de incidentes, es decir, el acuerdo fue que en los incidentes del concurso (ya fueran de INALSA o del Consorcio) el letrado solo devengaba honorarios en el caso de que se ganaran con costas, honorarios que tenían que, además, ser satisfechos al letrado por la parte perdedora, con lo que ningún coste tenía para INALSA o Consorcio. Si se perdía el proceso, o se ganaba sin costas, no tenía coste para INALSA o el Consorcio, si se ganaba con costas, el pago lo asumía la parte condenada en costas. El Consorcio e INALSA han abonado cero euros al letrado por los incidentes concursales.
Tal ha sido la falsedad en las notas oficiales del Cabildo, que mintieron hasta cuando dijeron que los incidentes sí estaban incluidos en el primer borrador del presupuesto que yo acepté y los administradores rechazaron, porque la verdad es que nunca lo estuvieron.
Lamentablemente para la democracia insular y la dignidad de la institución, el PSOE ha institucionalizado la mentira utilizando de forma partidista al Gabinete de Prensa del Cabildo y al Gabinete de la Presidencia, dirigidos por Mario Alberto Perdomo y Carlos Espino, respectivamente, que trabajan a sueldo al servicio político y exclusivo del PSOE para falsear la realidad, en un claro y denunciable abuso de poder institucional, una enorme cortina de humo para evitar que se hable del auténtico escándalo del momento, el que a todas luces aparenta ser un gravísimo contubernio institucional que hasta hoy no ha aclarado quién paga y por qué al consejero tránsfuga en el gobierno de M.ª Dolores Corujo, Juan Manuel Sosa.
Pero claro, que se puede esperar de una presidenta que negó hasta tres veces, como “San Pedro”, haber participado jamás de la adjudicación del ciclo del agua a Canal gestión, cuando ha quedado acreditado por certificaciones oficiales que lo hizo de principio a fin. Pues lo que espero son más capítulos de patrañas, no lo duden, y poder explicar todo esto donde realmente corresponda.
