El cántaro va en ocasiones tantas veces a la fuente que resulta imposible que no se rompa. Es lo que le ha sucedido ahora al Ayuntamiento de Yaiza. A pesar de la política defendida por el alcalde sureño, José Francisco Reyes, de ...
El cántaro va en ocasiones tantas veces a la fuente que resulta imposible que no se rompa. Es lo que le ha sucedido ahora al Ayuntamiento de Yaiza. A pesar de la política defendida por el alcalde sureño, José Francisco Reyes, de puertas hacia afuera, política consistente en asegurar que jamás se ha ocultado ninguna información al Cabildo y que todas las licencias que se concedieron o prorrogaron durante el periodo de aprobación o tramitación de la moratoria fueron correctas, lo cierto es que se ha ocultado. Lo vuelve a repetir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en esta última providencia conocida este jueves -aunque llegada al Área de Política Territorial días antes- en la que obliga al secretario del Ayuntamiento sureño a que entregue de una vez por todas las licencias que todavía siguen guardadas en ese archivador que José Francisco Reyes dijo que estaba dispuesto a que se lo llevara el Cabildo "entero" y "sin desmontar".
Esta decisión judicial supone sin duda alguna el espaldarazo definitivo que necesitaban en el Cabildo para hincarle el diente a una información que consideran fundamental para seguir avanzando en su idea de que son otros y no ellos los que han vulnerado la ley. Durante muchas semanas, sobre todo como consecuencia de las sentencias y resoluciones vinculadas con el Plan Parcial de Montaña Roja, los servicios jurídicos del Cabildo tuvieron que soportar todo tipo de improperios, desinformaciones interesadas en las que se dejaba caer la posibilidad de que se iban a perder uno tras otro todos los pleitos. Nada más cierto de la realidad. El único pleito que se ha perdido, y que no tiene que ver con la moratoria turística, es el de Montaña Roja, y se perdió, en una parte muy inferior a lo que se deja entrever, porque el Gobierno de Canarias retiró las previsiones indemnizatorias que la Primera Corporación sí había contemplado.
Lo que ha ocurrido ahora viene a ratificar que el Ayuntamiento de Yaiza mentía, o que al menos no decía toda la verdad. Y el Alto Tribunal no lo ha podido decir más claro: o se entrega toda la documentación en cinco días o empiezan las multas y el traslado del caso al Ministerio Fiscal.
Obviando las acusaciones de la oposición, los socialistas siguen teniendo muy claro que hay que seguir con la política que instauró su compañero Enrique Pérez Parrilla: tolerancia cero con aquellos que atacan los preceptos básicos de la moratoria. Y en esa tolerancia cero también se incluye al Ayuntamiento de Teguise, que en este asunto ha mantenido una política similar a la de Yaiza, esté o no esté al frente un socio de gobierno como es Juan Pedro Hernández.
Como venimos contándoles, en este mes y medio que queda para terminar el año se van a seguir produciendo informaciones de este tipo. Nos da en la nariz que la mayoría, por no decir todas, serán favorables a las tesis que defiende el Cabildo. Luego, cuando todo esto termine, gente como el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y abogado defensor en estos pleitos de Yaiza y Teguise, Felipe Fernández Camero, deberán dar algunas explicaciones, más que nada sobre el sostenimiento de una tesis tan llamativa como la de la inconstitucionalidad de la propia moratoria turística.
