La frase pronunciada por la periodista María Antonia Iglesias, que parece haberse convertido en un referente en todo el país, bien podría aplicarse a lo que está sucediendo en Lanzarote en los últimos días. Y es que ante ...
La frase pronunciada por la periodista María Antonia Iglesias, que parece haberse convertido en un referente en todo el país, bien podría aplicarse a lo que está sucediendo en Lanzarote en los últimos días. Y es que ante determinadas declaraciones y testimonios, parece que sólo cabe preguntarse: "¿Pero es puta o no es puta?"
Tras practicarse 25 nuevas detenciones en la isla, algunos de los afectados y su entorno se han lanzado a una campaña de ataque al operativo policial y judicial. Que si los calabozos estaban en malas condiciones, que si los arrestos fueron excesivos, que si los agentes de la UCO iban "armados hasta los dientes"? En definitiva, una marea de ruido y confusión para evitar hablar de lo verdaderamente importante: las presuntas tramas de corrupción que se han puesto sobre la mesa con el caso "Unión".
Curiosamente, los que piden respeto al secreto de sumario y a la presunción de inocencia, reclamando incluso que se deje trabajar a la Justicia, son los primeros luego en hacer juicios paralelos, aunque con veredicto de inocencia para los imputados, y de culpabilidad para el Juzgado que instruye la causa, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero, ¿cómo pueden valorar si una medida es desproporcionada o no, si la instrucción del caso continúa abierta y aún es más lo que se desconoce que lo que se sabe?
Pretender insinuar siquiera que el caso "Unión", que tiene hasta el momento cerca de 70 imputados, es un delirio de un juez, dos fiscales y una unidad de élite de la Guardia Civil, resulta hasta un insulto a la inteligencia. Y eso no significa que todos los implicados sean culpables, ni tampoco que su vinculación con la causa tenga la misma gravedad. Pero como en todo proceso judicial o policial, se tienen que llevar a cabo las medidas que se estimen necesarias dentro de lo que marca la ley para esclarecer los hechos que se investigan. Y cuando realmente se produce un abuso policial, existen mecanismos para denunciarlo, como de hecho ya hay precedentes en Lanzarote, en los que incluso la Fiscalía ha actuado de oficio, abanderando la acusación contra agentes de la Policía Nacional.
Sin embargo, por más que ahora determinados sectores se hayan enterado de lo que supone una detención, pese a que nunca se hayan preocupado de las que se han venido practicando hasta la fecha y que no afectaban a políticos ni a destacados empresarios, lo cierto es que aquí no estamos hablando de eso. De hecho, ninguno de los afectados se atreve a cuestionar el trato que han recibido por parte de los agentes de la UCO. Las críticas ni siquiera son frontales, sino en la mayoría de los casos, hasta anecdóticas.
Desde el PIL hablan de "circo mediático deleznable", cuando lo que realmente resulta deleznable para la sociedad es que sus representantes públicos hayan podido llevarse millones de euros de las arcas públicas en los últimos años, mientras la isla se iba quedando totalmente atrasada en infraestructuras e inversiones, y mientras se iba llevando a la ruina a instituciones y empresas públicas. Y todo eso, sumado a que actualmente Lanzarote, lejos de haber aprovechado los años de bonanza para hacer frente a la crisis, se enfrenta ahora a unas dramáticas cifras de paro, que alcanzan a más del 31 por ciento de la población activa.
Pero en lugar de dar respuesta a eso, algunos prefieren hablar de que los agentes fueron a detener a pobres ciudadanos indefensos ¡con pistolas¡, como si estuviera fuera de lo normal que un policía o un guardia civil lleve su arma reglamentaria mientras está de servicio. Incluso, aseguran que a los agentes o al juez les hubiera bastado con llamarles a declarar y que ellos hubieran acudido tan tranquilamente sin necesidad de este "espectáculo", como si estuviéramos hablando de hermanitas de la caridad y no de presuntos delincuentes, que en algunos casos se han esforzado mucho para ocultar documentación más que comprometida.
El levantamiento total del secreto de sumario, y por supuesto el juicio, permitirán aclarar y valorar todo lo sucedido, y es probable que no todos los 70 imputados estén detrás de los hechos que se investigan, o al menos no de los más graves. Pero cuando lo que se está rastreando es una presunta red organizada para delinquir, enquistada desde hace años en Lanzarote, lo desproporcionado no son los métodos que se utilizan dentro del marco legal, sino la magnitud de los hechos de los que estamos hablando. Y más cuando un partido que asegura que no es una "organización mafiosa", y que tiene a varios de sus miembros imputados por asociación ilícita, sigue defendiendo al presunto cabecilla de esa trama, Dimas Martín, y asegura que no va a renunciar a su "legado".
Aquí no se trata de "cohechos nimios" ni de yo sólo pasaba por aquí. Hay muchísima gente en Lanzarote que duerme tranquila, más tranquila incluso, desde la llegada de la UCO.
Probablemente, no puedan decir lo mismo muchos de los que acusan a los demás de hacer juicios paralelos, pero luego son los primeros en realizarlos en el sentido que les conviene. Pero evidentemente, de quienes no respetan la ley, tampoco se puede esperar que respeten a la Justicia.
