La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, incorporarse a la mesa de trabajo nacional para una propuesta normativa de los contratos de arrendamiento por temporada, ya que, señala la asociación, son los "únicos representantes legítimos de los propietarios y gestores de las viviendas vacacionales en Canarias".
"El arrendamiento de temporada afecta directamente a nuestra actividad ya que muchos de nuestros visitantes son teletrabajadores, nómadas digitales, trabajadores temporales o estudiantes de corta estancia que escogen nuestros inmuebles", explica Ascav en una nota.
Según señala la asociación, "el 60% de las viviendas dedicadas a estos usos son de propietarios individuales que alquilan un único inmueble de forma personal y directa, al tiempo que generan un gran dinamismo local en las economías de cualquier municipio del archipiélago".
Ascav cifra en más de 2.000 millones de euros el impacto económico directo que se genera, y que se queda en las islas, con una recaudación de 140 millones de euros de IGIC. En cuanto al empleo, proporciona casi 42.000 empleos directos (los indirectos todavía no se han podido cuantificar).
Ascav solicita a la ministra tener la posibilidad de debatir sobre la viabilidad de los contratos de temporada y las alternativas que pudieran estar directamente relacionadas nuestra actividad, ya que "conocemos de primera mano, la realidad objetiva de la vivienda de alquiler en las islas", subraya.
A juicio de Ascav la futura normativa que regule el alquiler de temporada debe "contemplar, preservar, promocionar y proteger al pequeño propietario, cuya vivienda está en cualquier tipo de suelo que no presta ningún tipo de servicio complementario".
