La campaña especial contra la economía sumergida y el empleo irregular en Canarias, desarrollada entre noviembre y diciembre de 2023, que contó con el refuerzo de 23 inspectores y subinspectores de otras comunidades autónomas, afloró 281 empleos, en 96 de los casos de empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha desgranado en el pleno del Parlamento de Canarias los resultados de esta campaña, que aumentó en un 39% el empleo aflorado, en un 54% el control sobre los contratos parciales y en un 17% los temporales, y que se saldó con 210 irregularidades y propuestas de sanciones por un moto global de 806.000 euros.
De León ha detallado que en ese mes que duró la campaña especial se realizaron 940 visitas, de las cuales 361 en horario nocturno o festivos, pues se considera que en esas franjas hay más indicios de empleo precario, incluso no declarado; y dieron lugar a 2.700 actuaciones en materia de Seguridad Social, Extranjería y Relaciones Laborales.
Fueron detectados siete beneficiarios de prestaciones que compatibilizaban con la realización de un trabajo, seis de desempleo y uno una pensión por discapacidad; también 29 extranjeros comunitarios sin permiso; y se convirtieron 156 contratos de tiempo parcial a jornada completa, y 66 temporales a indefinidos.
De las 210 sanciones impuestas, 89 fueron en materia de Seguridad Social, 66 de relaciones laborales, 26 de extranjería y 16 por obstrucción a la labor de inspección.
Además, se han diligenciado 232 requerimientos a las empresas visitadas.
El sector servicios y la economía sumergida
La consejera ha hecho hincapié en que esta campaña no solo tiene un carácter punitivo, pues los inspectores detectaron un efecto inducido por el conocimiento previo de las visitas en forma de regularización voluntaria de situaciones irregulares, y también por el afloramiento del empleo sumergido a posteriori.
Jéssica de León ha aludido a un reciente informe sobre economía sumergida elaborado en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Laguna en el que se hace hincapié en la efectividad de campañas especiales de este tipo, pero también en la concurrencia de factores socioeconómicos en el fenómeno de la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral.
Entre estos ha aludido al propio sistema productivo de Canarias, con una alta dependencia del sector servicios, que es el que mayores cotas de economía sumergida presenta; así como a "mutaciones" del empleo y las nuevas formas como el empleo flexible, el pluriempleo o el teletrabajo, además de factores sociales y culturales.
Este estudio pone el foco en determinados como colectivos, como empleadas del hogar y cuidados, en el sector servicios en general, en los autónomos, el teletrabajo o las prácticas, que serán las prioridades de inspección este año, ha avanzado la consejera.
El diputado nacionalista Jonathan Felipe Lorenzo comentó que la mayoría de las veces le necesidad empuja a aceptar el empleo sumergido o a promoverlo -el contratador "es una víctima del sistema", ha dicho-.
Al respecto, la consejera ha indicado que "nada justifica" este fenómeno, que tiene sin embargo "unas causas, muchas veces sociales", que obligan a un trabajo transversal entre diferentes consejerías para ofrecerles "una salida a esos trabajadores que creen que no tienen otra solución".
El diputado socialista Gustavo Santana ha dado "la bienvenida" al PP por valorar el plan especial que en 2016 "trajo al Parlamento" la exconsejera de Podemos Noemí Santana y entonces los populares "pusieron el grito en el cielo" porque aludía a la "explotación laboral", que a juzgar por los datos del informe, "si no lo es, se parece mucho".
