Tras un análisis exhaustivo del documento, el consejero Juan Félix Eugenio concluye que la financiación de las competencias transferidas, relativas a mayores, menores, inmigración o medio ambiente, entre otras, aumentan en algunos casos apenas un 2%, "montante muy por debajo de las necesidades y gastos reales y del 6'44% que defiende el Ejecutivo de CC-PP".
Más grave aún es, a su juicio, que el cálculo del porcentaje de las inversiones arroje para 2008 un saldo negativo de 0,23%, mientras que en 2007 se incrementó en un 13'5%. Ello supone una reducción de 1.002,315 euros con respecto al pasado año y la consiguiente limitación de las posibilidades financieras del Cabildo. La cantidad total que Lanzarote dejará de percibir, entre inversiones y transferencias corrientes, asciende a 3.597.167,00 euros.
"En cuanto a la comparación con las partidas presupuestarias para otras islas, la diferencia es tal que no podemos sino denunciar el incumplimiento del mandato de la FECAI, que aboga por la equiparación de las inversiones en los siete territorios", ha señalado el responsable económico del Cabildo.
En este sentido, el consejero ha querido señalar el caso de La Palma, que recibirá del Gobierno de Canarias un 5,09% más que el pasado año, lo que se traduce en un incremento presupuestario de 3.173.375,00 euros.
Frente común parlamentario
Ante la situación mencionada, Eugenio ha manifestado su intención de hacer llegar a los parlamentarios de todos los grupos políticos el detalle de sus reclamaciones y exigencias ante lo que considera unas cuentas "políticamente interesadas", con el fin de que aúnen esfuerzos en beneficio de la sociedad isleña.
Entre otros argumentos, el consejero defenderá que Lanzarote perciba "no sólo lo que le corresponde en derecho, por población y por aportación a las arcas regionales, sino también por los servicios que presta a la ciudadanía y que competen a la gestión de ámbito regional". Se refiere el consejero a la Escuela de Turismo, el Conservatorio y Escuela de Música, la Red de Atención a las Toxicomanías o el Hospital Insular, centros para los que exigirá una mayor aportación del Gobierno autónomo.
