El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado de que se ha eximido a unas 17.253 familias inquilinas de vivienda social en el archipiélago del pago del alquiler mensual desde este mes y hasta que acabe el estado de alarma.
Esta acción busca apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población como, señala, son los adjudicatarios de viviendas protegidas.
Añadió que esta disposición de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda formará parte del conjunto de medidas que el Gobierno de Canarias reunirá en el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de carácter social para Afrontar la Crisis Provocada por el coronavirus, que será aprobada la semana que viene para ayudar a las familias más vulnerables de las islas, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Así, la acción se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), además de a 4.528 inmuebles titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el ICAVI.
El consejero expuso que con esta medida lo que se busca es "proteger a las familias socialmente más vulnerables de las islas afectadas por las situaciones de cierre de actividad económica a las que obliga la crisis sanitaria y contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de miles" de hogares del parque público de viviendas en régimen de alquiler de Canarias, cuyos inquilinos puedan encontrarse en "una situación precaria mientras dure el estado de alarma".
De este modo, las familias que sean inquilinas de estas viviendas protegidas del parque público regional se beneficiarán automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de estos pagos. Este medida, añadió, se empezó a aplicar el pasado miércoles, 1 de abril, ya que el ICAVI ha paralizado el cobro de las mensualidades a los más de 17.000 inquilinos.
La medida se prolongará hasta el final del mes en el que se levante el estado de alarma y se compensará también las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria. Además se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.
La derogación del pago está dirigida a asegurar la protección de las personas arrendatarias de una vivienda protegida y sus familias porque se consideran uno de los sectores de la población más vulnerables ante las consecuencias económicas colaterales derivadas por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Finalmente, indica que la duración de la medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del Canarias en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere a consecuencia del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así como de su repercusión en las familias beneficiarias de la esta acción, que según el ICAVI tendrá un impacto económico de casi 900.000 euros mensuales.
