La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha negado que el Ejecutivo central haya "fletado" ningún vuelo para el traslado de unos 200 inmigrantes desde Canarias hasta la provincia granadina y ha asegurado que estas personas, tras pasar las 72 horas en que pueden estar bajo custodia policial tras llegar a España, son "libres" y tienen sus "papeles en regla para poder moverse en el territorio nacional". "Con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial", ha agregado.
En declaraciones a los periodistas, López Calahorro ha explicado que, una vez ha pasado el periodo máximo en que pueden estar en un Centro de Atención Temporal de Extranjeros, estas personas pueden trasladarse para reunirse con familiares residentes o "trabajadores legales que pueden estar en Andalucía o en el resto de España".
Ha pedido, en este contexto, no lanzar ninguna "sospecha" sobre la actuación del Gobierno, cuando "existen" convenios con "todas las comunidades autónomas en materia de inmigración", en el marco de los cuales a estos inmigrantes se les practica un PCR cuando llegan a territorio nacional, como ha venido ocurriendo desde el inicio de la pandemia, ha agregado la subdelegada, en el Puerto de Motril, en la costa de Granada, o en los de Málaga o Canarias.
Así, ha apuntado que "vienen con su PCR negativa", y que "eso lo sabe perfectamente el delegado de la Junta" en Granada, Pablo García, quien en la mañana de este miércoles ha lamentado la "deslealtad absoluta" del Gobierno en este asunto.
López Calahorro ha subrayado que García conoce "el procedimiento", o "a lo mejor es que no lo conoce" y "tampoco" el alcalde de Granada, Luis Salvador, quien también se ha mostrado crítico con su gestión, y con quienes ha coincidido este miércoles en la reunión que ha convocado del Centro de Coordinación de Seguridad (Cecor).
"No se puede ligar pandemia con inmigración", ha criticado también la subdelegada, para quien ese es "un discurso" que ha calificado de "peligroso", llamando, en este sentido, a la "responsabilidad" de las administraciones autónomica y municipal.
