Un trabajador del Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha presentado una querella contra el anterior presidente de este órgano, Echedey Eugenio, al que acusa de un presunto delito de fraude procesal en concurso con otro de falsedad documental. El denunciante, que previamente había presentado una demanda por la "modificación sustancial" de sus condiciones de trabajo y por un posible mobbing, sostiene que el Consorcio aportó un documento "falsificado" por Eugenio en ese juicio, que se celebró el pasado mes de noviembre y está a la espera de sentencia.
La querella se dirige también contra el que actuó como secretario del Consorcio de Emergencias, José Juan Hernández Duchemín, que firmó ese mismo documento; y contra el gerente, Enrique Espinosa, y otro trabajador, a los que imputa un delito de falso testimonio en el juicio.
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando se eliminó la unidad de agentes de emergencia, de la que formaba parte el denunciante, que accedió al puesto tras unas oposiciones celebradas en 2009, cuando se incorporó como personal laboral fijo. Seis años después, en octubre de 2015, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias advirtió de la situación irregular en la que se encontraban estos agentes, señalando que debían tener condición de funcionarios, ya que sus funciones implicaban "ejercicio de autoridad". Entre otras cosas, su principal misión era coordinar los recursos de emergencias, así como realizar labores preventivas en materia de seguridad, prestar apoyo al cuerpo de bomberos en determinadas intervenciones y encargarse de las actuaciones de larga duración, como las búsquedas de desaparecidos.
De agente de emergencia a telefonista
"El resultado de dicha Orden de Función Pública ha sido precisamente todo lo contrario", sostiene la defensa del denunciante, que afirma que lo que hizo entonces el Consorcio fue eliminar la unidad de agentes de emergencia, "pese a la inseguridad ciudadana y a los fines consorciales". Así, en lugar de regularizar su situación en ese puesto, los derivó a otras tareas que nada tenían que ver con su función, pasando casi todos a ejercer "funciones de Auxiliar Administrativo Telefonista".
Según la demanda presentada por uno de los afectados, para ello no se reunió la correspondiente Mesa de negociación previa ni se realizó una comunicación al delegado sindical, que era precisamente el demandante, y que fue quien se opuso a aceptar las nuevas condiciones. Y eso, según denuncia, hizo que empeorara aún más su situación laboral, teniendo que hacer turnos de 24 horas continuadas "sentado en una silla" atendiendo el teléfono.
Cuando se le notificó el decreto cambiando sus funciones, este agente lo firmó como "no conforme". Y ese decreto, fechado en 2017, es el que afirma que fue falsificado, ya que cuando a él le dieron traslado del documento no incluía la firma de Echedey Eugenio. Precisamente ése era uno de los motivos en los que se basaba la demanda, que sostenía que el decreto era nulo porque no estaba firmado por el presidente del Consorcio y solo llevaba la firma del secretario, José Juan Hernández Duchemín. Sin embargo, al celebrarse la vista en los Juzgados, el Consorcio aportó un decreto que incluía el sello y la firma del presidente, así como un párrafo más haciendo constar que había sido ordenado y rubricado por él.
El decreto, fechado cuando Eugenio estaba de baja
La querella sostiene que ese decreto fue "falsificado" con posterioridad, ya que el denunciante venía advirtiendo de su nulidad por la falta de firma desde 2017, cuando presentó las primeras alegaciones. Por eso, al ver que más de dos años después ha aparecido un decreto que sí está firmado, ha decidido presentar esta querella. Y para sostener su denuncia, ha aportando tanto una conversación de Whatsapp con el propio Eugenio como la grabación de una llamada que realizó al Consorcio, que confirman que el ex consejero estaba de baja médica en la fecha en la que supuestamente firmó ese decreto.
La llamada al Consorcio, que ha podido escuchar este medio, se produjo el mismo día en el que supuestamente está firmado el decreto, el 20 de septiembre de 2017. En ella, le indican al denunciante que Echedey Eugenio no está en la oficina porque está de baja. Seis días después, cuando le notificaron esa resolución, el trabajador escribió directamente a Eugenio por Whatsapp, y éste le indicó que no podía hablar porque seguía de baja.
En su querella, el denunciante pide que se investigue si existen "más decretos falsos" relativos al resto de agentes que aceptaron, en su caso de mutuo acuerdo, el cambio de funciones en las mismas fechas, ya que esas resoluciones debían llevar la firma del presidente del Consorcio.
