El Tribunal Supremo sentencia que Yaiza debe pagar intereses por la licencia ilegal de Costa Roja

Ha estimado un recurso de la empresa Hoya de la Yegua, que reclamaba al Ayuntamiento 787.759 euros "más los intereses legales correspondientes"

Parcela de la urbanización Costa Roja

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Yaiza al pago de los intereses de demora en relación a la devolución del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) por la licencia ilegal otorgada para la urbanización Costa Roja, de la que fue promotor Luis Lleó, condenado en el caso Unión. 

En el fallo, fechado el pasado 15 de febrero, el alto tribunal estima un recurso de la empresa Hoya de la Yegua (a la que se habían cedido los derechos de la licencia otorgada a Residencial Costa Roja), que reclamaba al Ayuntamiento de Yaiza el pago de 787.759,63 euros "más los intereses legales correspondientes". 

La licencia para la construcción del Residencial Costa Roja en Playa Blanca, que contemplaba 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de ragaje, fue concedida por el Ayuntamiento de Yaiza en diciembre de 2006, cuando José Francisco Reyes estaba al frente del mismo. Tras ello, fue impugnada por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique y, en septiembre de 2007, el Juzgado suspendió cautelarmente el permiso de obras. Posteriormente, en dos sentencias de mayo y noviembre de 2013, la Justicia declaró nula la licencia para la construcción de dicho complejo residencial. 

Un año después, en octubre de 2014, se incluyó un convenio en el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza para desarrollar la parcela de Costa Roja y la empresa Hoya de la Yegua solicitó la devolución del ICIO satisfecho entre los años 2006 y 2007. Entonces, el Ayuntamiento de Yaiza ordenó la devolución de 1.664.342,10 euros más 71.587,26 euros que se establecieron en concepto de intereses de demora. 

Sin embargo, al no estar conforme con lo abonado, la empresa presentó un recurso ante el Ayuntamiento y, después de que fuera desestimado por éste, decidió recurrir a la Justicia. Entonces, en primera instancia se sentenció que el Consistorio debía pagar los intereses desde el año 2006, pero tras ello fue el Ayuntamiento quien decidió presentar un recurso, ante lo que el TSJC dictó un fallo estableciendo que la fecha de liquidación de intereses debía situarse el 9 de octubre de 2014. 

Ahora, tras un nuevo recurso de Hoya de la Yegua, el Tribunal Supremo ha corregido el criterio del TSJC, dándose de nuevo la razón a la empresa. "El ingreso no ha resultado sobrevenidamente indebido por la dinámica del impuesto, sino porque la licencia que amparaba el tributo resultó ser nula de pleno derecho por contraria al ordenamiento urbanístico. Tan es así, que esta circunstancia estaba presente desde muy poco después del momento en el que se abonó el último plazo, pues el contribuyente no pudo iniciar la obra por decisión judicial (por el auto de suspensión del órgano competente)", señala la sala. 

Así, concluye que "no parece razonable imputar" a la empresa Hoya de la Yegua la falta de realización de las obras, "cuando tales obras no pudieron llevarse a efecto como consecuencia de una decisión cautelar adoptada en un proceso en el que el Ayuntamiento -que había concedido la licencia- tenía la condición de demandado", "cuando la licencia misma -otorgada por el hoy recurrido- es declarada nula por ilegal en dicho proceso", y "cuando el Consistorio sabía que no era posible ejecutar las obras desde septiembre de 2007 por un hecho que no era responsabilidad del adjudicatario de la licencia". 

 

Un magistrado que se vio implicado en el caso Unión 

Entre los magistrados de la sala del Tribunal Supremo que dictaron esta sentencia en febrero figura el nombre de Ángel Aguallo Avilés, cuyo nombre precisamente se vio implicado en el caso Unión, tras encontrarse correos electrónicos en los que supuestamente asesoraba a Luis Lleó según figuraba en los informes de la UCO. Sin embargo, esas pruebas terminaron siendo invalidadas, al anularse los autos de entrada y registro en las oficinas del empresario. 

Con respecto al caso Costa Roja, cabe recordar que fue La Voz quien hiciera público en febrero de 2007 el otorgamiento de la licencia, y catorce años después, aún está pendiente de ir a juicio. En el mismo, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y al que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por delitos de prevaricación urbanística en la concesión de esa licencia. 

 

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