El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, José Luis Ruíz Martínez, ha ordenado la apertura de juicio oral en el caso Costa Roja, que volverá a sentar en el banquillo al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y al que era jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por delitos de prevaricación urbanística en la concesión de esa licencia.
Además, el auto da 24 horas a los tres acusados para entregar una fianza de 3.960 euros cada uno, para asegurar el pago de multa a la que podrían ser condenados. En su escrito de acusación, la Fiscalía pide que se les imponga esa multa, así como que sean inhabilitados durante tres años y tres meses. Por su parte, la acusación popular, ejercida por el que era secretario general del PSOE en la isla y consejero del Cabildo, Carlos Espino, eleva la petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que no fue un único delito de prevaricación sino un delito continuado. Y es que un año después de otorgar la licencia de obra, los acusados aprobaron también el proyecto de ejecución, pese a las reiteradas advertencias que habían recibido ya entonces del Cabildo sobre su ilegalidad.
El auto ordenando la apertura de juicio oral advierte que en caso de que los acusados no depositen la fianza, serán embargados sus bienes hasta cubrir esa suma, o se declarará su insolvencia si no se encuentran propiedades a su nombre. Además, ordena remitir las actuaciones al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, que será el encargado de enjuiciar la causa.
La parcela que después dio origen al caso Unión
Los hechos ocurrieron hace casi ya 15 años, cuando José Francisco Reyes concedió la licencia de Costa Roja, que autorizaba la construcción de más de 1.000 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca. Esta misma parcela fue la que después dio origen al caso Unión, cuando Luis Lleó intentó sobornar a Carlos Espino para intentar desbloquear este proyecto, ya que la licencia había sido recurrida en la vía contencioso administrativa por el Cabildo y también denunciada en la vía penal por el propio Espino.
Sin embargo, mientras esa pieza de Unión ya fue juzgada y condenada hace más de un año -con la confesión de Lleó-, este procedimiento previo había pasado años paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, durante la etapa del juez Rafael Lis. Al jubilarse este magistrado -que tenía vínculos con Juan Francisco Rosa y fue sancionado por haber seguido interviniendo en un procedimiento en el que había sido recusado por ese motivo-, el juez que le reemplazó retomó ésta y otras causas que se habían dilatado durante años en su Juzgado.
Precisamente ese retraso en la instrucción llevó a la Fiscalía a rebajar considerablemente las penas que solicita, cuando el pasado mes de noviembre presentó su escrito de calificación. En ese escrito, señala que se han producido “dilaciones extraordinarias e indebidas”, ya que “la tramitación del procedimiento estuvo paralizada, sin que se adoptara en él ninguna resolución de carácter sustantivo, desde el 14 de marzo de 2013 hasta el 7 de noviembre de 2019”, coincidiendo con buena parte del periodo en el que Rafael Lis fue titular del Juzgado.
El 'modus operandi' repetido, con informes vacíos de contenido
Fue el 31 de agosto de 2006 cuando Luis Lleó, en nombre de la entidad Residencial Costa Roja SL, presentó la solicitud de licencia para este macroproyecto que pretendía llevar a cabo a la entrada de Playa Blanca. Solo 13 días después, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, emitió un supuesto informe jurídico en el que, según la acusación, “se limitaba a enumerar preceptos legales”, pero sin hacer referencia al proyecto concreto sobre el que estaba informando, y que contravenía la legalidad.
A los dos meses emitió su informe el otro acusado, Antonio Lorenzo, como jefe de la Oficina Técnica. Y según la acusación, lo hizo “a fin de dar apariencia de legalidad a la autorización de un proyecto ilegal y contribuyendo de forma decisiva a la concesión de la licencia por el alcalde”. De nuevo, señala que en ese informe se limitaba “a elucubrar sobre supuestos motivos por los que el proyecto podría tener encaje, obviando deliberadamente y de forma burda pronunciarse sobre la manifiesta ilegalidad del mismo”. Tanto Lorenzo como Bartolomé Fuentes han sido ya condenados en otras causas por un 'modus operandi' similar, que consistía en emitir informes vacíos de contenido, en los que después se basaba Reyes para otorgar las licencias.
Finalmente, a los 20 días de tener ese informe, el alcalde concedió el permiso, completando en tres meses y cinco días el expediente para autorizar la construcción de un macroproyecto que hubiera multiplicado la población de Playa Blanca, ya que implicaba más camas que habitantes tenía en ese momento Tinajo. Además, lo hicieron ocultando al Cabildo la licencia, que fue desvelada en su día por La Voz de Lanzarote, y desoyendo después las advertencias que recibieron de la Corporación insular, a la que estaban obligados a haber pedido un informe.
A pesar de esas advertencias, los tres acusados siguieron adelante y no solo no anularon la licencia de obra que ya había firmado Reyes, sino que tramitaron también la licencia de ejecución. Y en este caso lo resolvieron en un solo día. El 8 de junio de 2007, Antonio Lorenzo emitió un informe técnico, Vicente Bartolomé un informe jurídico y Reyes otorgó la licencia.
La Corporación insular recurrió entonces este permiso en la vía contencioso administrativa, consiguiendo medidas cautelares que permitieron que el proyecto no llegara a ejecutarse, aunque finalmente no emprendió acciones penales. Quien sí lo hizo fue el entonces consejero Carlos Espino, con una querella que es la que dio lugar a esta causa, y la que ahora volverá a sentar en el banquillo al ex alcalde y a dos de los técnicos que ya han sido condenados junto a él en otros procedimientos.
En el caso de Reyes y Bartolomé Fuentes, incluso llegaron a confesar en el caso Yate que habían otorgado licencias a sabiendas de su ilegalidad, y el ex alcalde también reconoció que lo había hecho a cambio de sobornos de distintos empresarios. En cuanto a esta causa, inicialmente se investigó también un delito de cohecho y estuvo imputado el propio Lleó, pero finalmente se archivaron los cargos al no haber encontrado “indicios suficientes” del pago de un soborno a cambio de la concesión de esa macrolicencia ilegal.
