El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha condenado a Antonio Curbelo Robayna, empresario afín a Juan Francisco Rosa, por un delito "de especial trascendencia" contra la Hacienda Pública, al estafar un total de 840.193,08 euros. Curbelo ha sido condenado, con la atenuante de dilaciones indebidas, a un año y seis meses de prisión y una multa que asciende a la cuantía defraudada. En el caso de impago deberá hacer frente a otros 30 días de prisión.
Además, no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas ni gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante tres años. También deberá pagar las costas judiciales. A ello se suma, que debe indemnizar a Hacienda, junto a la sociedad Playa Blanca 6 SL, de la que era administrador, con otros 840 mil euros. El monto total que el empresario deberá desembolsar es de cerca de 1,7 millones de euros entre la multa y la indemnización. Frente a la resolución, que no es firme, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando Antonio Curbelo, como administrador de hecho y derecho de la sociedad Playa Blanca 6 SL, se acogió al beneficio fiscal de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), por valor de 2,28 millones de euros. La Sala destaca que, a pesar de que Curbelo "era perfecto conocedor" de que la sociedad tenía la obligación de realizar inversiones para cumplir con el incentivo fiscal, en los cuatro ejercicios fiscales siguientes no realizó ninguna inversión y en 2010 abandonó su actividad.
Curbelo alegó en el juicio oral que la inversión nunca se realizó porque querían hacer una nueva promoción inmobiliaria, que no pudo ser. En la sentencia judicial se recoge que, a pesar de que Curbelo Robayna era administrador de derecho de Playa Blanca 6 SL hasta 2008, junto a otro socio ya fallecido, continuó siéndolo de hecho después de esa fecha firmando cuentas anuales y otros documentos de la empresa después de su renuncia.
La sentencia a la que ha accedido La Voz revela que "concurren todos los elementos" para calificar los hechos como un delito contra la Hacienda Pública. A lo que añade "la especial trascendencia y gravedad de la defraudación" porque el importe defraudado supera los 600.000 euros.
El fallo expone "la inactividad" de la sociedad Playa Blanca SL, donde en el año 2010 no se declararon gastos ni ingresos, ni tampoco se presentan cuentas anuales, ni el impuesto de sociedades, y que además no tenía trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, ni movimientos en las cuentas bancarias. En esta línea, el Juzgado resalta "el incumplimiento de las obligaciones contables y registrales".
Cabe destacar que la Sala no le dio "crecibilidad ninguna" al testimonio de Juan Francisco Rosa en el juicio, en calidad de testigo, quien aseguró tener una amistad de más de 30 años con Antonio Curbelo.
En este punto, Rosa responsabilizó a otro socio de ser "un desastre" como administrador y que Antonio Curbelo "no podía llevar a la asesoría fiscal la documentación porque el socio se dejaba la documentación en el vehículo durante días sin firmar". Estas manifestaciones de Rosa provocaron un efecto contrario. El Juzgado revela que la intervención de Rosa ayudó a la Sala a fortalecer aún más la convicción sobre que el acusado era administrador de la sociedad y tenía "el dominio de hecho y un control sobre la misma", además de que actuó con "dolo" en el incumplimiento de las inversiones.
El empresario que trató de cerrar los CACT y las bodegas de La Geria
Antonio Curbelo, frente a la sociedad Playa Blanca 5 SL, fue uno de los empresarios que trató de cerrar los Centros Turísticos en 2009, como revancha después de que se paralizaran de forma cautelar la construcción de 400 viviendas y otras 1.400 promovidas por él y otro empresarios sobre un terreno "que no existía" en Playa Blanca.
Además, él mismo pidió al Cabildo de Lanzarote el cierre de "todas las bodegas de La Geria" después de que la justicia clausurara por orden judicial la bodega Stratvs, propiedad de Juan Francisco Rosa, por el "alto grado de contaminación" en el tratamiento de aguas residuales y mientras esta bodega estaba investigada judicialmente en el caso Stratvs por irregularidades en su construcción y la presunta comisión de diversos delitos contra el medioambiente.
