Pedro San Ginés (Coalición Canaria) ha recurrido el auto del Tribunal Supremo que acordó continuar la causa abierta contra él por falso testimonio y denuncia falsa y ha pedido al Alto Tribunal que archive el caso. En el fallo recurrido, dictado el pasado 5 de mayo, la Sala de lo Penal del Supremo emplazó a la Fiscalía y a la acusación particular a solicitar en el plazo de diez días la apertura del juicio oral.
El auto del 5 de mayo siguió al del 9 de abril, cuando el Alto Tribunal deshizo su decisión, anuló el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa acordado un año antes, ordenó su continuidad y aseguró que su archivo había sido "precipitado".
En este recurso, la defensa de San Ginés intenta nuevamente evitar la celebración del juicio y pide un nuevo archivo de la causa. Para ello, insiste en la idea de que el entonces presidente del Cabildo se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise el miércoles 11 de noviembre de 2009, a las 22.30 horas de la noche, para denunciar a Carlos Espino, Antonio González y a José Manuel Páez por los contratos entre los Centros Turísticos y la empresa de González, Climafrical porque había sido citado a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Unión, la mayor causa de corrupción de Canarias, y que nada tiene que ver con esta otra causa.
La causa abierta por esta denuncia de San Ginés fue finalmente fue archivada tras una década, pero el empresario falleció en abril de 2020 esperando su archivo definitivo. La familia de Antonio González ha recurrido desde entonces a los tribunales para defender la memoria de su padre porque "él no puede defenderse", según declaró su hija hace tres años en una entrevista con este medio.
El Ministerio Fiscal ya insistió en el escrito donde apeló contra el archivo inicial de la causa que la denuncia presentada por Pedro San Ginés contra Carlos Espino y los contratos de los Centros Turísticos con Climafrical fue una respuesta a la denuncia interpuesta por Espino antes y el caso Unión. La Fiscalía también resaltó que San Ginés "orquestó una actuación falsaria", utilizando a funcionarios policiales y "faltando a la verdad" en sus declaraciones judiciales. Estas acusaciones no solo alcanzaron a Espino, sino también al propietario de Climafrical, Antonio González, al que "se le llegó a pedir una fianza de más de un millón de euros".
En el nuevo intento por evitar la apertura del juicio oral, San Ginés ha pedido al Supremo que cite a declarar como testigo a Astrid Pérez, exconsejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, así como a José Juan Lorenzo, director gerente de los CACT, y al juez instructor que archivó la causa que se inició con la denuncia de San Ginés. Además, también ha pedido que el Alto Tribunal solicite varias actuaciones realizadas entre 2009 y 2011, así como que recabe la declaración de los funcionarios de la Guardia Civil y de la responsable de prensa del Cabildo en aquellos años. También ha pedido volver a testificar.
Se apoya en su condición de aforado
El Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria designó en 2023 a Pedro San Ginés como cantidado al Senado por la Comunidad Autónoma de Canarias. A partir de ese momento, pasó a poseer la condición de aforado, y sus causas judiciales, a ser juzgadas por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal archivó la causa por la contratación por parte de Pedro San Ginés de su amigo el abogado Ignacio Calatayud en el concurso de acreedores de Inalsa y también, aunque luego reabrió la causa, dio carpetazo a la investigación por falso testimonio y denuncia falsa.
En el recurso dirigido al Supremo, la defensa de San Ginés asegura que las resoluciones judiciales que se llevaron a cabo antes del aforamiento y en la que se basa el Alto Tribunal para reabrir la causa por falso testimonio y denuncia falsa fueron dictadas por "autoridades judiciales sin la especial autoridad doctrinal y cualificación" que "se les atribuye" a quienes deben enjuiciar a "aforados".
Así pues, pide al Supremo que "evite el completo dislate que podría suponer que se abriera juicio oral contra un senador". Además, insiste en que esta nueva resolución que avala la continuidad de la causa "desposee" a San Ginés de "las especiales reglas de protección del aforado" y le pide que "evite dar por cerrada la fase de instrucción" con "resoluciones previas al aforamiento" para proteger su rol como senador y evitar "la pena de banquillo".
Según el recurso al que ha tenido acceso La Voz, la representación procesal del actual candidato a ser secretario general Coalición Canaria defiende que el instructor del Supremo "detectó errores de enorme relevancia" cuando decretó el archivo ahora desestimado de la causa, mientras defiende que San Ginés no fue a comisaría a denunciar, sino "para prestar declaración" en el marco de la operación Unión.
En este sentido, la defensa pide "una nueva resolución de archivo" e insiste en que existía "realidad material" en las presuntas irregularidades denunciadas por San Ginés, aunque aquella denuncia acabó en sobreseimiento y archivo de la causa y dio lugar a que la familia de Antonio González denunciara al expresidente por falso testimonio y denuncia falsa.
La defensa del senador no electo de la Comunidad Autónoma insiste en el derecho del acusado "a no someterse a acusaciones infundadas" y alaba la resolución judicial que decretó en un primer momento el sobreseimiento del caso. "No solo no podía ser delito, sino que sería precisamente lo contrario, es decir, el cumplimiento del deber de denunciar de las autoridades y funcionarios"
Para perseguir el archivo, San Ginés defiende que aportó documentos a la instrucción que "pudieran no haber sido tomados en consideración en la primera decisión de archivo" y, por tanto, "en el debate posterior" porque fueron enviados tres días después de que el Tribunal decretase inicialmente el archivo.
