Los responsables de un club de cannabis de Arrecife se han negado este martes a declarar en el juicio en el que se enfrentan a una petición de 7 años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, evitando así enfrentarse a las preguntas del fiscal. Sin embargo, ambos han hecho uso de su último turno de palabra al final de la vista.
“Lo que yo quiero decir al señor fiscal, ya que va a por nosotros...”, ha comenzado diciendo en tono molesto Luis Fernando R.M., hasta que la magistrada le ha interrumpido, para indicarle que a quien debía dirigirse era a la Sala.
En su intervención, el procesado ha alegado que él y su socio desconocían las normas, y ha cuestionado la acusación que pesa sobre él. “Me están condenado como si hubiera matado o vendiera cocaína. Y eso no puede ser”, ha señalado en su alegato final. “No soy un criminal, no vendo cocaína”, ha insistido.
Según ha afirmado, crearon la asociación El Tabaquito Terapéutico “sin saber exactamente las normas que hay cuando uno monta un negocio”. En sus estatutos, señalaban entre los fines de la asociación “el estudio y la aplicación de cannabis con fines terapéuticos”, “evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis, mediante sus actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso” y “promover el debate social sobre la situación legal y la de sus consumidores”.
Sin embargo, la Fiscalía ha subrayado en sus conclusiones finales que “no ha quedado acreditado en modo alguno que se dedicaran a los fines que indican en sus estatutos”, ya que tampoco han aportado ninguna prueba de ello en el juicio. “La única finalidad, que obviamente no recogen en sus los estatutos, era distribuir marihuana y hachís a cambio de dinero. Vender drogas a cualquier persona que tenga carnet ”, ha subrayado.
"Las multas te enseñan a aprender"
“Cuando uno monta un negocio, las multas te enseñan a aprender”, ha afirmado por su parte el acusado, que ha defendido que no sabe “exactamente cuáles son las leyes de cada cosa”.
“Vinimos aquí a trabajar. No tenemos antecedentes penales, no le hacemos daño a nadie”, ha sostenido. Respecto al hecho de que varios usuarios fueran interceptados saliendo con marihuana y hachís que habían comprado dentro del local, ha alegado que ellos siempre indicaban que debían consumirlo dentro, que es lo único que estaría permitido en una asociación legal y con autorización. “No puedo poner a un policía en la puerta para que requise”, ha alegado.
Al respecto, el fiscal ha explicado que para que una actividad así sea legal, tiene que tener unos requisitos muy estrictos, como realizarse con un “grupo cerrado” de personas que se conocen entre sí y que ya son “consumidores habituales”, con un “consumo compartido” y “sin publicidad”, cosa que considera que no ocurre en este caso. “Lo que hacían era promover el consumo de drogas”, ha señalado, apuntando que incluso se anunciaban en internet y que tenían 430 socios.
“Vendían drogas a cualquier persona que tuviera carnet. Tampoco se exigía que fueran consumidores habituales, ni era un grupo cerrado. No se exigía nada. Y el único requisito en materia de edad es escandaloso”, ha cuestionado, recordando que los estatutos establecían que para ser socio y poder acceder al local había que ser “mayor de 14 años”.
“No pueden sostener que no sabían que vender droga a otras personas a cambio de dinero es delito”, ha enfatizado el fiscal, adelantándose al alegato que después han hecho los acusados.
“Si fuera en la calle, no cabría duda alguna de que nos encontramos con un delito contra la salud pública”, ha destacado.
"No nos estamos poniendo ricos"
“Lo único que hago es trabajar desde que llegué a este país e intento salir adelante. No nos estamos poniendo ricos. Sacamos un sueldo para cada uno y trabajamos los 365 días del año”, ha defendido por su parte Luis Fernando R.M. “Yo llego a fin de mes con la cuenta en rojo. ¿Dónde está la ganancia?”, ha planteado, afirmando que en el local pusieron una barra para vender “bebidas y papelillos para subsistir”. “Es que no lo entiendo. No me estoy poniendo millonario”, ha reiterado.
Además, ha asegurado que en Lanzarote hay “40 asociaciones” de cannabis y ha cuestionado que “solo han registrado cuatro”. “A una le cogieron con más”, ha apuntado, afirmando que en ese caso la condena fue inferior a dos años de prisión. “A mí me piden 7 y me quieren meter una multa de no sé cuánto”, ha añadido.
El otro acusado, Octavio Alexander S.R. ,ha mantenido un discurso similar en su último turno de palabra, haciendo referencia a los gastos que afrontaban de “alquiler, agua, luz, internet, gestoría...” “Nos hicimos autónomos”, ha añadido.
Respecto a lo que la policía encontró al registrar el local, ha afirmado que el dinero en efectivo “no llegaba a 1.000 euros” y que “había marihuana”, pero porque era “una provisión como para seis meses”. “Teníamos que cultivar y tenerla guardada. No es como la Coca Cola, que se te acaba y dices: Mándeme una caja. Casualidad que la teníamos ahí el día que llegó el registro”, ha afirmado.
En total, los agentes encontraron más de 4 kilos y medio de marihuana, 108 gramos de hachís y casi 4 kilos más de extracto de cannabis y aceite de resina de cannabis.
Sobre esto, el fiscal ha subrayado que al negarse a responder preguntas, los acusados tampoco han dado “explicación” a la presencia del hachís en un club que, en caso de ser legal, solo podría permitir el consumo de marihuana. Y también ha insistido en que “carecían de cualquier tipo de autorización” y en que el número de socios y la droga encontrada confirman que se dedicaban a una “venta indiscriminada”.
"Una asociación perfectamente legal"
En cuanto a los abogados de los acusados, han defendido que “no han quedado acreditados los delitos”, haciendo especial hincapié en el de asociación ilícita. De hecho, uno de ellos ha llegado a pedir que se suspendiera el juicio, alegando indefensión y sosteniendo que ese delito se incluyó por primera vez en el escrito de acusación de la Fiscalía, con la instrucción ya terminada.
Además, ha vuelto a pedir que se suspendiera la vista por la ausencia de dos testigos que ha defendido que eran claves, a lo que el fiscal le ha respondido que no eran testigos de la defensa sino testigos de cargo, concretamente dos agentes de policía. Y aunque ellos no han podido comparecer, sí lo han hecho otros siete que intervinieron en la operación.
Después, tras elevar una protesta por no suspenderse el juicio, ha pedido que en caso de condena se aplique como atenuante las dilaciones indebidas, por lo que tardó en señalarse la vista de esta causa, iniciada en el año 2018.
Además, también ha cuestionado que la Fiscalía solicite la pena máxima por ambos delitos, y ha alegado que debería imponerse un máximo de tres a seis meses por uno de ellos y de un año por el otro, en caso de condena.
En cualquier caso, ha insistido en que no había un “negocio”, que era “una asociación perfectamente legal” y que “en algunos casos se cobraba el precio del coste para seguir reponiendo la sustancia”.
Ambos abogados han alegado también que sus clientes comunicaban a los socios que no podían sacar la marihuana del local. “Se han visto traicionados por el comportamiento de algunos de los socios”, ha alegado uno de ellos, tras escuchar a varios testigos que fueron interceptados por la policía saliendo con droga del club.
