A juicio los responsables de una asociación que vendía hachís y marihuana en Arrecife y tenía 430 socios

La Fiscalía pide 7 años de prisión para cada uno por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, aunque podrían haber alcanzado un acuerdo de conformidad que rebajaría la pena

I.L.

Periodista

Imagen del local de la asociación El Tabaquito Terapéutico
Imagen del local de la asociación El Tabaquito Terapéutico

El presidente y el tesorero de la “Asociación cultural El Tabaquito Terapéutico”, que tenía su sede en la calle Tajaraste de Arrecife, se sentarán en el banquillo la próxima semana, con una petición de 7 años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, por la venta de hachís y marihuana en el local.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía también pide que se les condene a pagar dos multas por un valor total de 68.231 euros, así como que se ordene “la disolución de la asociación”, que llegó a contar con 430 socios. El local fue regitrado en noviembre de 2018 y en su interior encontraron casi 9 kilos de hachís y marihuana en distintos formatos.

El juicio está señalado el próximo 5 de julio ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pero podría haberse alcanzado un acuerdo de conformidad. En caso de ratificarse ante la Audiencia ese acuerdo, que implicaría la confesión de los acusados, se rebajarían las penas solicitadas inicialmente y la vista no llegaría a celebrarse.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, O.A.S.R. y L.C.M. fundaron la asociación en el año 2014, junto a otras dos personas que no están procesadas. En sus estatutos, señalaban entre sus fines “el estudio y la aplicación de cannabis con fines terapéuticos, “evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis, mediante sus actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso” y “promover el debate social sobre la situación legal y la de sus consumidores, así como hacer valer los derechos constitucionales de los que éstos son titulares y denunciar y ponerle freno a las arbitrariedades que en su observación puedan cometer las distintas administraciones y poderes públicos o cualquier persona”.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que lo único que pretendían era “permitir el acceso a sustancias que causan daño a la salud a una pluralidad indiscriminada de personas” a cambio de dinero. Al respecto, subraya que cualquier persona “se podía incorporar como asociado”, sin “ninguna condición legal”, e incluso se permitía el acceso a menores de edad, siempre que tuvieran más de 14 años y que contaran “con el consentimiento escrito y expreso de sus representantes legales”. 

El escrito señala que los acusados, O.A.S.R. y L.C.M. se encargaban “habitualmente del dispensario de las sustancias” y “a cambio de precio distribuían tanto diversas variedades de marihuana, como hachis”.

Además, apunta que contaban con “diversos proveedores” de estas drogas, “careciendo de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la marihuana, no constando que se hubiera solicitado licencia de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios", que es el "organismo facultado para ello”.

“Ninguna de las normas de la asociación contemplaba que entre los asociados en el interior o en el exterior del local se compartiese el consumo de cannabis; así como tampoco contemplaba el modo en que los asociados podían obtener cannabis, ni un límite máximo de retirada”, añade la Fiscalía.

El escrito también recoge varias operaciones concretas de venta, que fueron documentadas por agentes policiales que vigilaron el local durante varios días entre marzo y septiembre de 2018. 

Finalmente, en octubre de ese año se procedió a la entrada y registro del establecimiento, donde según subraya la Fiscalía, hallaron casi 9 kilos de hachís y marihuana en distintos formatos (4.594 gramos de marihuana, 3.568 gramos de extracto de cannabis, 334 gramos de aceite de resina de cannabis y 108 gramos de resina de cannabis), así como distinto material para su tratamiento. Según la valoración pericial, la droga incautada hubiera tenido un valor en el mercado ilícito de casi 30.000 euros.

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