La jurista del Cabildo Joana Macías ha relatado este jueves en el juicio del caso Stratvs las consecuencias que ha sufrido en la Corporación insular a raíz del informe pericial que realizó durante la instrucción de esta causa, en el que entre otras cosas advertía de los vicios de nulidad en el Plan Especial de La Geria, que después fue declarado ilegal por los Tribunales con una sentencia que ya es firme. “Cogen a otra persona no muy fuerte y estaría con depresión”, ha señalado la jurista.
En su declaración como perito, Macías ha explicado los problemas que tuvo tanto antes como, sobre todo, después de realizar ese informe a petición del Juzgado en el año 2015. Según ha expuesto, desde entonces solo ha realizado “uno o dos informes que ya tenía asignados” y no le podían “quitar”, pero le han “excluido” de la emisión de cualquier informe de calificaciones territoriales. “Solo cuando entienden que no es conflictivo para ellos, entonces sí", ha precisado.
A esto, la jurista ha añadido la situación laboral que afronta desde entonces en el Cabildo. “Es como estar con una guardia pretoriana”, ha afirmado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, se ha referido a las consecuencias que también ha sufrido el que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, que elaboró uno de los ‘contrainformes’ encargados por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para rebatir el de Macías, pero que terminó llegando a las mismas conclusiones.
"Se pretende que exista un pensamiento jurídico único"
“Primero le llamaron a capítulo en el despacho”, ha afirmado Joana Macías, que ha recordado que justo después Polo Díaz fue destituido de su puesto, en el que llevaba dos décadas. El ex jefe de la Oficina del PIOT también ha declarado como perito y también ha sido preguntado por el Ministerio Fiscal por su destitución, que también ha sido ya declarada ilegal en una sentencia de primera instancia.
“Me cesó el presidente, en una resolución administrativa sin motivar. Lo recurrí en los tribunales y gané, y está pendiente de recurso”, ha señalado. En cuanto al motivo para apartarle de su cargo, ha recordado las declaraciones realizadas en aquel momento por Pedro San Ginés en varios medios de comunicación, en las que hablaba del informe de Díaz sobre el Plan de La Geria y de su “supuesta contradicción” con otros dictámenes anteriores.
“Lo que se pretende que exista es un pensamiento jurídico único”, ha lamentado por su parte Joana Macías, que a preguntas del abogado de Juan Francisco Rosa ha precisado que en lo que respecta al Plan de La Geria, “es lo que se dice, o lo que se dice”. Y lo que se dice debe ser “que está todo bien”, según ha señalado la jurista, porque los que han "dicho lo contrario” han sufrido consecuencias.
Intento de "conciliar" su pericial y 'contrainformes' de San Ginés
“¿Había una norma en el Cabildo de que se supervisaran los informes periciales?”, le ha preguntado el fiscal a la perito. “Nunca, jamás”, ha respondido Joana Macías, recordando que esto se intentó hacer por primera vez con el último que ella emitió en el caso Stratvs. Por un lado, San Ginés envió un escrito al Juzgado, al remitirle esa pericial de la jurista, señalando que no había sido “debidamente validada ni supervisada” por los servicios jurídicos de la Corporación. Después, encargó varios ‘contrainformes’ que en su momento anunció que remitiría al Juzgado de Instrucción, aunque finalmente no lo hizo. Al respecto, cabe recordar que la juez instructora de esta causa, Silvia Muñoz, advirtió tras recibir el escrito del presidente de que intentar influir en los peritos de una causa judicial puede constituir un delito.
En el juicio, Joana Macías también ha desvelado que antes de que hubiera entregado su informe, se dirigió a ella el director insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, para plantearle que “las periciales hay que conciliarlas”. “Yo le dije que no, porque quien responde en el Juzgado soy yo”, ha explicado la jurista, que actuaba en la causa como perito judicial. Después, en la víspera del plazo que tenía fijado por el Juzgado para entregar su informe, le convocaron a una “reunión insustancial” y no le permitieron marcharse, según ha declarado.
Finalmente, cuando al día siguiente llevó a otra trabajadora del departamento su informe pericial le dijo “que no lo recogía”, según la declaración de Macías. “Yo no quiero problemas, yo no quiero problemas”, ha afirmado que le dijo esta empleada de la Corporación, que también le preguntó si no se había “leído la circular”. Y esa circular que pudo leer después, según ha explicado, “es la única que ha hecho” el director insular de Ordenación del Territorio. En ella daba instrucciones para que los informes “pasaran por ellos”. Al respecto, Joana Macías ha subrayado en varias ocasiones que Santana ocupa un puesto de designación política y no es funcionario de la Corporación. “Yo a la validación del director insular no me iba a prestar”, ha explicado.
Además, ha calificado de “bastante sangrante” el escrito que envió San Ginés al Juzgado al remitir finalmente su informe, con esa aclaración de que no había sido “validado ni supervisado”. Cabe recordar que este miércoles, el presidente declaró también como testigo en el juicio y afirmó que la decisión de supervisar esa pericial fue algo “excepcional”, que no se había hecho antes, y que en este caso decidió hacerlo porque le “preocupó” el contenido del dictamen.
