La nueva causa penal que llevará a Pedro San Ginés a declarar en los Juzgados el próximo mes de julio no solo investiga delitos de prevaricación, sino también de malversación. Así lo advirtió el Ministerio Fiscal tras analizar la denuncia presentada hace más de un año por el todavía consejero en funciones de Ciudadanos, Benjamín Perdomo.
"Se deduce la posible existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de obras licitadas por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y por el Consorcio de Aguas de Lanzarote en el periodo 2007-2011", concluyó el fiscal de Delitos Económicos, Tomás Fernández de Páiz. En ese mismo escrito, el representante del Ministerio Público acordó remitir las diligencias al Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, al tener conocimiento de que ya había abierto un procedimiento por estos mismos hechos.
Ese primer procedimiento se inició como una pieza separada de la causa por abierta por la quiebra de Inalsa, que fue denunciada por Alternativa Ciudadana. Las diligencias iniciales se seguían en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, pero a finales de 2017 se separó esta pieza, que se centra en tres obras adjudicadas a través del Consejo Insular de Aguas, dos de ellas bajo el mandato del todavía presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés.
Así, cuando el fiscal de Delitos Económicos ?que tiene su sede en Fuerteventura- tuvo conocimiento de ese procedimiento judicial, remitió sus diligencias al Juzgado Número 1 de Arrecife para que se centrara allí toda la investigación. Ahora, tras varios retrasos y la suspensión de la primera fecha que se había fijado para las declaraciones, finalmente San Ginés tendrá que comparecer para declarar como investigado el próximo 23 de julio, y junto a él ha sido citado también el que hasta hace unas semanas era secretario tanto del Cabildo, Francisco Perdomo.
Las "irregularidades" detectadas por el Ministerio Fiscal
En el escrito al que ha tenido ahora acceso La Voz, y que está fechado en mayo de 2018, el fiscal describe las "irregularidades" detectadas en distintos expedientes, algunos previos a la toma de posesión de San Ginés y otros firmados bajo su mandato. Respecto a las obras adjudicadas por el Consejo Insular de Aguas, señala que "en alguno de los expedientes de contratación se observan irregularidades consistentes en la ausencia de informes justificativos legales de necesidad de la obra y su extensión" y en otros "se produce modificación del contrato sin seguir el procedimiento legalmente previsto para ello".
Además, añade que "en otros dos expedientes distintos se determina la existencia de tramitación por la vía de emergencia sin que concurriesen los supuestos legales para ello", pese a que "todos los expedientes ofertan obra pública con elevado precio de licitación". Respecto a estos dos últimos expedientes, aunque el escrito no lo detalla, podrían corresponder a las obras adjudicadas bajo el mandato de San Ginés por más de 2,7 millones de euros. Según el Juzgado de Instrucción, esas obras se adjudicaron "eludiendo" las normas que deben regir la contratación pública, utilizando para ello "de forma indebida" la declaración de emergencia hídrica que impulsó San Ginés bajo su mandato.
En cuanto al Consorcio de Aguas, el Ministerio Fiscal también detectó posibles delitos en la adjudicación de otras tres obras de las que no especifica la fecha, pero que corresponderían al mismo periodo 2007-2011. En una de ellas, señala que ni siquiera existe "contrato alguno", pese a que se pagaron facturas al contratista por valor de más de 92.000 euros. En los otros dos, advierte que "los pliegos no incorporaron la forma de valoración y asignación de puntuaciones" y que "en ninguno de los informes técnicos emitidos se valoraron las ofertas de los licitadores según los propios criterios en los pliegos".
